Casa Árabe llega este martes al final de plazo dado por Almeida para abandonar las instalaciones de Escuelas Aguirre

Casa Árabe llega este martes al final del plazo dado por el Ayuntamiento de Madrid para abandonar el edificio de las antiguas Escuelas Aguirre, sede de la institución en la capital, después de que el alcalde, José Luis Martínez Almeida, anunciara el pasado mes de junio la decisión del Consistorio de recuperar el inmueble.

El plazo vence con el Ayuntamiento "sin noticias" de Casa Árabe, según trasladó este lunes la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, quien aseguró que el Gobierno municipal mantiene "el plazo previsto".

"Esperemos que cumplan con sus compromisos, que abandonen la Casa Árabe y no tener que acometer ningún otro tipo de actuación", señaló García Romero, que apuntó que, en caso de que no se produjera la salida, el Ayuntamiento tendría que estudiar el escenario desde el punto de vista estructural y jurídico.

En este mismo sentido se pronunció, en los últimos días, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, quien indicó que el Consistorio esperaba que Casa Árabe abandonara Escuelas Aguirre antes del 1 de septiembre, aunque recalcó que el Gobierno municipal ya trabajaba en un plan alternativo, por si, finalmente, no se llega a producir dicha salida.

El Gobierno municipal ha venido defendiendo que la recuperación de Escuelas Aguirre responde al estado de conservación del edificio, al incumplimiento de los términos de la cesión y a la situación de Casa Árabe tras los informes del Tribunal de Cuentas. Almeida ha sostenido que el Ayuntamiento acometerá obras urgentes de recuperación, conservación y consolidación del inmueble, para "devolverlo al uso de todos los madrileños".

La llegada del 1 de septiembre también estará marcada por una nueva movilización de alumnos de Casa Árabe, que han convocado una concentración, a las 19.00 horas, en los jardines de Escuelas Aguirre para mostrar su rechazo al desalojo y reclamar que la institución permanezca en su sede madrileña, en la que lleva instalada desde 2008.

Se agota el plazo

El origen de este conflicto se remonta al 29 de junio, cuando Almeida anunció que Casa Árabe tendría hasta el 1 de septiembre para desalojar Escuelas Aguirre. Entonces explicó que el Ayuntamiento había manifestado en el patronato de Casa Árabe su decisión de recuperar la posesión del edificio y que, por tanto, la institución –actualmente dirigida por Miguel Moro– "no podrá seguir en esa ubicación".

El alcalde justificó la medida en la gestión de la exdirectora Irene Lozano (cuya dimisión se produjo en 2025), a la que acusó de haber convertido Casa Árabe en un "chiringuito" y de dejarla "en bancarrota", así como en el estado del edificio, que, según indicó, presenta "problemas estructurales importantes".

Previamente, la Comunidad de Madrid anunció su salida del Consorcio Casa Árabe al considerar dañada la "credibilidad" de la institución, tras conocerse un informe del Tribunal de Cuentas sobre Casa Árabe durante la etapa de Irene Lozano al frente, en el que se alertaba de una "situación financiera crítica", que ponía en cuestión la viabilidad de la institución.

Tras su primer anuncio, Almeida defendió la decisión como un "ejercicio de responsabilidad" y expresó su deseo de que el Ayuntamiento no tuviera que recurrir a la Justicia desde el 1 de septiembre si Casa Árabe optaba, en sus palabras, por "la okupación".

El alcalde insistió entonces en que "ni el volumen de actividades ni la gestión que se ha llevado a cabo" avalaban la continuidad de la institución en Escuelas Aguirre, aunque reiteró que el Ayuntamiento estaba dispuesto a colaborar en la búsqueda de una nueva sede para que Casa Árabe mantuviera su actividad.

Los alumnos se movilizan

La decisión provocó la movilización de alumnos y simpatizantes de Casa Árabe, que han pedido en las últimas semanas a Almeida que reconsidere el desalojo y que abra una vía de diálogo para compatibilizar las obras necesarias con la permanencia de la institución en Escuelas Aguirre.

Los estudiantes advirtieron de las dificultades de desmontar la actividad de la sede madrileña en un plazo de dos meses, con agosto de por medio. "El problema es muy gordo, porque en dos meses no pueden desmantelar lo que hay en Casa Árabe. Estas prisas desde el Ayuntamiento no se entienden", trasladaron entonces.

Los alumnos impulsaron además una recogida de firmas en Change.org, que cuenta con más de 14.300 apoyos, así como distintas acciones de protesta, entre ellas una concentración ante el Palacio de Cibeles.

Este martes, coincidiendo con el vencimiento del plazo, los alumnos han convocado otra concentración, a las 19.00 horas, en los jardines de Escuelas Aguirre, para mostrar su rechazo al desalojo bajo el lema "Casa Árabe no se toca".

Críticas de la oposición

El desalojo de Casa Árabe ha sido cuestionado desde el inicio por los grupos de la oposición en Cibeles. Más Madrid y PSOE han acusado al Gobierno de Almeida de utilizar el estado del edificio y los informes sobre la gestión de la institución como argumento para justificar una decisión política, mientras que el PP ha defendido que la recuperación del inmueble es "legal, legítima y de absoluta responsabilidad".

La exdirectora de Casa Árabe, Irene Lozano, también salió al paso de las críticas de Almeida, al que acusó de usar su nombre para justificar el desalojo y de querer dar una "puñalada" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a través de ella.

Lozano defendió que, durante su etapa, el Consejo Rector de Casa Árabe, del que forma parte el Ayuntamiento de Madrid, aprobó "en todas las ocasiones" los presupuestos y memorias de actividad. También sostuvo que el déficit de la institución era "estructural" y que se arrastraba desde los recortes de 2012.

En relación con el estado del inmueble, la exdirectora afirmó que su equipo trasladó al Ayuntamiento un informe con fotografías sobre el deterioro del edificio, especialmente en el tejado y el sistema de refrigeración. Según Lozano, Casa Árabe no podía acometer reformas estructurales al ser el inmueble propiedad municipal.