El 89,2% de los usuarios de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) está "satisfecho" con la atención recibida, según el Ayuntamiento de Madrid, cuando se cumplen 40 años desde la creación de la primera oficina.
Se trata de una efeméride que el Ayuntamiento de Madrid ha conmemorado con un acto celebrado en CentroCentro, en el que han participado, entre otros, la vicealcaldesa, Begoña Villacís, y el delegado de Economía, Innovación y Empleo, Miguel Ángel Redondo.
En la antesala del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, que se celebra este miércoles, Villacís ha subrayado el "asombroso trabajo" desarrollado por las oficinas municipales de atención al consumidor y ha señalado que "todos somos consumidores" y que "proteger la figura del consumidor es un elemento imprescindible para que la economía evolucione".
La vicealcaldesa ha subrayado, asimismo, que uno de los objetivos del Consistorio madrileño durante este mandato ha sido "proteger el comercio local de esta ciudad" y, para ello, "es fundamental tener a las personas y consumidores protegidas".
En este sentido, Villacís ha recalcado que en las OMIC "es atendido cualquier consumidor que pueda tener un problema y que, gracias al trabajo de este servicio, el Ayuntamiento ha conseguido que los ciudadanos sean más fuertes y estén más preparados para reclamar".
"Este servicio tiene que sentirse muy orgulloso y, si hay un departamento que ha promovido la igualdad y la justicia, ha sido el de la Oficina Municipal de Información al Consumidor", ha concluido.
Germen de la red actual
Aquella primera oficina abierta en 1983 fue el germen de la red actual de 22 oficinas con las que cuenta el Ayuntamiento de Madrid: una central y 21 distritales, a las que hoy puede acceder la ciudadanía tanto como servicio gratuito de información y consulta personalizada, como de gestión de sus reclamaciones a través de la intermediación con las empresas reclamadas.
También es posible formular ante ella denuncias, que esta oficina traslada a los servicios de inspección para las actuaciones investigadoras o sancionadoras que procedan en las labores de control del mercado.
Entre 2019 y 2022, el servicio de información y orientación a las personas consumidoras ha tramitado 76.651 expedientes entre todas las oficinas de la OMIC (Central y distritos), con una atención personalizada a 60.918 personas (con cita previa presencial o telefónica).
Respecto a las mediaciones positivas para el consumidor, el valor medio en este periodo asciende al 61,05% y en cuanto a la satisfacción ciudadana del servicio a través de encuestas trimestrales entre las personas usuarias, los valores medios de los últimos cuatro años en el conjunto de las 22 oficinas ascienden a un 86,22% de usuarios satisfechos con la información y orientación recibida, y un 89,28% de personas usuarias satisfechas con el trato recibido.
Las consultas realizadas por correo electrónico (en la OMIC Central, establecido durante la pandemia, con el compromiso de respuesta personalizada en menos de cinco días) asciende a 35.235 y, en cuanto a la divulgación general y sectorial en materia de consumo a través de la web, se han realizado 1.217 actualizaciones y publicaciones de nuevos contenidos en lo que respecta a la labor de la OMIC.
Competencias municipales
El Ayuntamiento de Madrid tiene asumidas todas las competencias y presta todos los servicios que recoge la ley autonómica de protección de los consumidores para las entidades locales.
Esto implica información personalizada al consumidor, atención a sus reclamaciones y denuncias, formación, divulgación, inspección y control del mercado, arbitraje de consumo, acuerdos voluntarios a través de códigos de buenas prácticas empresariales, fomento de un modelo de consumo responsable, colaboración con las asociaciones de consumidores y otros agentes implicados, así como la cooperación interadministrativa.
El Día Mundial de los Derechos del Consumidor que se conmemora este miércoles tiene por objeto visualizar la importancia del consumo en la economía global y recordar que es una labor de las administraciones públicas la defensa de la salud, la seguridad y los legítimos intereses económicos de los consumidores, así como la difusión del conocimiento de estos derechos.
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