Crecen un 8,7% las víctimas de violencia de género en 2023 hasta las 29.002, con 83 denuncias diarias

Los datos crecen como viene ocurriendo de forma continuada desde 2013, con la única salvedad de 2020, en el que la situación de las víctimas de la violencia de género estuvo condicionada por la crisis sanitaria de la COVID19.

A lo largo del pasado año, se registraron cada día un total de 83 denuncias y hubo 80 mujeres víctimas de estos delitos, cifras que se sitúan por encima de la media diaria registrada en el ejercicio anterior (76 y 73, respectivamente).

Según los datos anuales correspondientes a 2023 del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, los órganos de los 21 partidos judiciales de la región recibieron 30.032 denuncias por violencia de género, un 8,1% más que en 2022, año en el que se registraron 27.769; en cuanto a las mujeres víctimas, fueron 29.002, un 8,7% más que el año anterior, con 26.690.

La suma de las órdenes de protección acordadas el pasado año ascendió a 2.920, un 12,9% más que en 2022, mientras que las sentencias dictadas fueron 1.376, un 8,26% más. El 82,63 % de esas resoluciones contenían un fallo condenatorio.

Un año más, siete de cada diez denuncias (71,41%) fueron presentadas en Madrid por las propias víctimas, bien en el juzgado o en comisaría, cifra que sigue siendo muy superior a la de las denuncias presentadas por el entorno de la víctima, apenas un 2,26% del total.

Las denuncias derivadas directamente de atestados policiales representaron el 18,80%; las originadas por partes de lesiones, el 4,85% y las presentadas por terceras personas, el 2,48%.

La tasa de víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres fue de 79,4 en toda España, seis puntos y medio más alta que en 2022. Por encima de la media nacional se situaron Baleares, con una ratio de 124,8; Murcia, con 114,5; Comunidad Valenciana, con 106,5; Canarias, con 102,1; Andalucía y Navarra, con 88,8; y Madrid, como en otras ocasiones muy cerca de la media, con 80,9.

Las tasas más bajas se contabilizaron en Castilla y León, con 52,5 víctimas por cada 10.000 mujeres; Galicia, con 53,1; País Vasco, con 56,8; La Rioja, con 58,9; Cataluña, con 61,5; Castilla-La Mancha, con 62; Asturias, con 65,3; Aragón, con 72,8; Cantabria, con 76,7, y Extremadura, con 77.

Dos de cada tres victimas son españolas

El porcentaje de mujeres víctimas que se acogieron en Madrid a la dispensa de la obligación legal de declarar aumentó un 2,7% respecto a 2022: un total de 3.038 víctimas renunciaron a prestar declaración contra sus agresores.

Pese al incremento en el número total, el porcentaje de víctimas que se acogió a la dispensa (10,47%) fue muy similar al de 2022 (11,7%). De ellas, 1.570 eran españolas y 1.468, de otras nacionalidades.

En 2023, se solicitaron en los órganos judiciales madrileños un total de 6.198 órdenes de protección. De ellas, fueron acordadas 2.920, un 12,9% más que en 2022 y se denegaron otras 3.275, un 10% más que en el año anterior. Un año más, los órganos judiciales acordaron prácticamente la mitad de las órdenes de protección, un 47,10%.

Del total de órdenes de protección dictadas por los órganos judiciales, 5.562 lo fueron por los juzgados de violencia sobre la mujer, que acordaron el 68,7% de las solicitudes que recibieron; las otras 636 correspondieron a los juzgados de guardia, que acordaron 434 (68%) y denegaron 202 (34,76%).

Medidas judiciales penales y civiles de protección

Los órganos judiciales de la Comunidad de Madrid acordaron también, derivadas de las órdenes de protección y de otras medidas cautelares, un total de 6.412 medidas judiciales penales de protección de las víctimas (mujeres y menores).

En el ámbito penal, las más frecuentes fueron las órdenes de alejamiento (2.643), que representaron el 41,21% del total de órdenes de protección y medidas cautelares acordadas, y la prohibición de comunicación (2.508), un 39,11 por ciento.

Por otra parte, los órganos judiciales dictaron 2.130 medidas cautelares civiles, cuya finalidad es la protección de la mujer y de los menores en tanto se resuelve el proceso penal.

Las más frecuentes fueron las relacionadas con la prestación de alimentos (545), que representaron el 25,58% del total de medidas civiles adoptadas, las relacionadas con la atribución de la vivienda (662), el 29,20% del total, y la suspensión del régimen de visitas (475), el 22,30% del total. El 11,64% de las medidas civiles (248) consistieron en la suspensión de la guardia y custodia.

El pasado año, el porcentaje de sentencias condenatorias dictadas por los órganos judiciales madrileños (juzgados de violencia sobre la mujer, juzgados de lo penal y audiencias provinciales) en procesos relativos a violencia de género aumentó cuatro puntos respecto a 2022 y se situó en el 82,6% del total.