La Asamblea de Madrid ha cerrado este viernes sus puertas por Navidad y hasta febrero, tras un 2025 con siete leyes aprobadas y un clima político crispado, marcado por la política nacional y por la actualidad judicial.
Como cada año la aprobación de los Presupuestos de la Comunidad de Madrid marcan el fin de la actividad parlamentaria en la Cámara de Vallecas, que no volverá a celebrar un Pleno hasta el 5 de febrero de 2026.
La primera de las normas aprobadas este año era la proposición de ley presentada por el PP para ampliar la protección y el reconocimiento a las víctimas del terrorismo.
El 24 de abril estos cambios en la Ley 5/2018, de 17 de octubre, para la Protección, Reconocimiento y Memoria de las Víctimas del Terrorismo recibían el respaldo unánime de la Cámara. Con ella, entre otros, se incluían en las tipologías de las ayudas todos los supuestos contemplados en la legislación estatal como daños personales, así como las ayudas extraordinarias. Se reconocía, además, como destinatarios de las indemnizaciones todo el que hubiera sido reconocido por la norma estatal.
El 12 de junio, PP y Vox respaldaban el Proyecto de Ley para ampliar la bonificación del impuesto de Sucesiones y Donaciones para transmisiones a hermanos, tíos y sobrinos, que pasaba del 25% al 50%.
Además, se incrementaba al 100% en el caso de donaciones esporádicas entre particulares que fueran inferiores a 1.000 euros, eliminando la obligación de presentar autoliquidación por debajo de esa cuantía. También se eliminaba el requisito formal de otorgamiento de documento público ante notario para donaciones de hasta 10.000 euros.
Una semana después la Cámara de Vallecas votaba de forma unánime la aprobación de la reforma de catorce artículos del Reglamento registrada por los cuatro partidos del hemiciclo –PP, Más Madrid, PSOE y Vox–.
Entre las modificaciones recogidas por el texto se encontraban la ampliación de las posibilidades de voto telemático en el caso de acogimiento y adopción, muerte o enfermedad muy grave de parientes de primer grado de consanguinidad. Asimismo, se incluyeron dos nuevos tipos de sanciones de menor gravedad (apercibimiento y suspensión de alguno de los derechos del diputado de uno a 14 días) para "dotar de mayor proporcionalidad al régimen disciplinario".
Ley de Función Pública, de Hacienda, el IE y presupuestos
A la vuelta del verano, en el primer Pleno ordinario del curso político, el 18 de septiembre, PP y Más Madrid votaban a favor de una modificación de la Ley de la Función Pública de la Comunidad de Madrid –en la que PSOE y Vox se abstuvieron– para agilizar la convocatoria de funcionarios interinos de Justicia. El objetivo era hacer frente a la falta de funcionarios de carrera, cuyas plazas no han sido convocadas.
Ya en diciembre, salían adelante en la misma sesión del día 11 la nueva Ley de Hacienda regional, que buscaba "mejorar la gestión" del sector público y también el reconocimiento de la universidad privada IE Universidad Madrid. La séptima aprobación, este viernes, llegaba con los Presupuestos de 2026.
Ha quedado pendiente la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC), que inicialmente habían afirmado los 'populares' que sería votada en el Pleno de la Cámara de Vallecas, pero que finalmente se ha pospuesto para 2026.
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