La migración vuelve a centrar el Pleno de la Asamblea, en una semana marcada por la regularización extraordinaria

La migración volverá este jueves a centrar el Pleno de la Asamblea de Madrid, en una semana que ha estado marcada por la regularización extraordinaria aprobada por el Consejo de Ministros y que ya adelantó el pasado jueves la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, que recurriría.

Esta advertencia en el Parlamento se ha concretado este miércoles en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde el portavoz del Ejecutivo y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, afirmaba que el recurso se enfocaría en que la medida "afecta gravemente" a la prestación de los servicios públicos.

El portavoz regional ha censurado que el Ejecutivo central no sepa "a cuántas personas puede afectar" y ha tachado de "caos" la política migratoria del Gobierno encabezado por Pedro Sánchez.

Por su parte, Ayuso ha afirmado en reiteradas ocasiones que esta regularización alteraría "hasta diez escaños" el reparto de la región, a través de "alterar el censo electoral".

Este recurso cosechaba el lunes en Junta de Portavoces las críticas de la izquierda pero también, el recelo de Vox. Más Madrid y PSOE ponían el acento en que esta medida del Gobierno busca "dar derechos" y "estabilidad", mientras que desde Vox leía el movimiento de la presidenta autonómica como electoralismo, a un año de los comicios autonómicos.

Consorcio de transportes

Ese mismo lunes, el PSOE reclamaba que se reforzase la oficina del Consorcio Regional de Transportes de Madrid que emite el historial de la Tarjeta de Transporte Público Personal, un documento útil en el proceso de la regularización de migrantes.

Explicaban que para poder conseguirlo hay una sola oficina del CRTM habilitada, en la plaza Diego de Ordás, en Chamberí, por lo que se están generando "largas esperas, falta de citas y limitaciones horarias" por la falta de "personal suficiente". Reclamaban más oficinas y más trabajadores.

Ante ello, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, afirmaba que el CRTM "no ha variado su forma de trabajar" en esta oficina y subrayaba que, aunque el Gobierno madrileño no comparte esta regularización impulsada por el Ejecutivo central, "tampoco la va a boicotear".

En este sentido, el consejero explicaba que el CRTM ha hecho "lo mismo" que ha "venido haciendo durante los últimos años" y que, "si lo que quiere el Gobierno de Pedro Sánchez es que" la Comunidad participe en esa regularización, debe mandar "los medios económicos o el personal suficiente para poder hacerlo".

Por su parte, desde el Consejo de Ministros, la ministra de Migraciones, Elma Saiz, avisaba a Ayuso de que si decide "boicotear" el proceso de regularización de migrantes estará "boicoteando las esperanzas de miles de ciudadanos de tener un futuro mejor". Mientras, la titular de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, acusaba a la mandataria autonómica de estar "impidiendo la regularización" al no reforzarse el personal de la oficina.

Sesión de control

Es previsible que la migración sea también tema central de la sesión de control a la presidenta. La portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, preguntará por sus objetivos en materia de sanidad, tras dedicar la pasada semana al decreto que devolvía la prestación a migrantes en situación irregular.

La del PSOE, Mar Espinar, requerirá información sobre las medidas que adopta para ayudar a la inclusión del mercado laboral de personas migrantes, mientras que la de Más Madrid, Manuela Bergerot, hará lo propio con sus "planes" para "los próximos meses".

Por el PP, Carlos Díaz-Pache se interesará por el encuentro de Ayuso con los opositores venezolanos Edmundo González y la Nobel de la Paz María Corina Machado, a quienes entregará la Medalla Internacional y la Medalla de Oro de la Comunidad, respectivamente.

En las preguntas dirigidas a los consejeros, se tratarán temas como la calidad educativa, las escuelas infantiles, el acceso al aborto, la objeción de conciencia, los trasplantes en la Sanidad madrileña o la infancia en riesgo social.

Ayudas económicas por la crisis de Irán

A continuación llegará el momento de la comparecencia de la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad, Rocío Albert, a petición del PSOE en relación con las medidas fiscales autonómicas que prevé adoptar para paliar las consecuencias derivadas de la guerra de Irán.

La propia Albert defendía, justo antes de Semana Santa, que un 58% de las medidas del real decreto convalidado por le Gobierno central ante la guerra en Irán "se cargan" sobre las comunidades autónomas, aunque no descartaba que desde el Ejecutivo regional se dé "apoyo en todo lo que necesiten" los sectores afectados.

El pasado jueves, en una iniciativa del PSOE, tanto Más Madrid como los socialistas cargaban contra Ayuso por no tomar medidas autonómicas para paliar el impacto en los ciudadanos de la guerra en Oriente Próximo.

Circo, energía, Hispanidad y maternidad, en las PNL

Por último, llegará el turno de las Proposiciones No de Ley (PNL). Más Madrid defenderá un Plan Estratégico Regional de Impulso al Circo en la Comunidad de Madrid, que incluye creación de una marca propia, refuerzo de la formación circense y revisión del marco legal y de la prevención de riesgos laborales del sector.

El mismo grupo llevará una PNL para una Estrategia Madrileña de Soberanía Energética, que rechaza nuevas centrales térmicas y nucleares y propone un plan de choque contra la pobreza energética, rehabilitación de viviendas vulnerables, apoyo a pymes en descarbonización y un pacto de capacitación ligado a los nuevos empleos verdes. La iniciativa incluye también instar al Gobierno de España a gravar los beneficios extraordinarios de las energéticas y destinar esos recursos a consumidores vulnerables y a la transición ecológica.

El PSOE centrará su propuesta en el Festival de la Hispanidad, reclamando que sea el Consejo de la Cultura quien elija el país invitado según criterios de interés cultural, convivencia e impacto social, con participación vinculante de asociaciones de personas migrantes y mayor transparencia en la programación y uso de recursos.

Vox, por su parte, pedirá que se el límite de edad para acceder a estas ayudas, de forma que se amplíe el colectivo beneficiario pero con preferencia para mujeres con nacionalidad española.