La gratuidad de la educación de cero a tres años permitiría crecer "la incorporación de la mujer al trabajo"

El Defensor del Pueblo defiende que aumentar el número de plazas del primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años) y que sean gratuitas "supone una ayuda considerable para que los progenitores puedan incorporarse al trabajo, en especial las mujeres, que siguen siendo las que en mayor medida sacrifican su vida laboral por el cuidado de los hijos".

Así lo refleja el Informe Anual 2023 del Defensor del Pueblo, presentado este viernes en el Congreso de los Diputados, en el que se recuerda que la escolarización en estos primeros años "supone la eliminación de obstáculos para la incorporación de la mujer al trabajo".

Atendiendo a los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), las mujeres inactivas que no buscaban empleo "por no haber o no poder costear los servicios adecuados para el cuidado de niños" fue, en 2020, el 37,7%, frente al 13,3% de los hombres.

En 2021, el porcentaje de mujeres ocupadas a tiempo parcial "por no haber servicios adecuados para cuidado de hijos u otros familiares" era del 11,8%, ante el 8,4 % de los hombres, y "por no poder costear los servicios de cuidado de hijos u otros familiares" suponía el 17,6% de las mujeres.

El informe de la institución que dirige Ángel Gabilondo señala que, en los últimos años, se viene subrayando desde distintos ámbitos la importancia del primer ciclo de Educación Infantil, desde la perspectiva del menor como titular del derecho a la educación desde su nacimiento, tal y como han recordado, entre otros, el Comité de los Derechos del Niño.

Precisamente, apunta que la escolarización en esta etapa "repercute en mejores resultados en las posteriores etapas educativas, disminuyendo las tasas de repetición y mejorando las habilidades sociales".

"Evidentemente, para alcanzar estos resultados es necesario que dicha educación sea de calidad, inclusiva y que cubra las necesidades de los niños, para lo que es fundamental garantizar el acceso a la educación y cuidados de calidad a aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad", apostilla el Defensor del Pueblo, que recomienda a las administraciones una oferta suficiente de plazas públicas.

El organismo también apuesta por la articulación de las medidas necesarias para asegurar que el acceso a esta enseñanza "no se vea condicionado por la situación económica de las familias, garantizando la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación".

En relación con la oferta de plazas, explica que no existe un modelo único de oferta o de afrontar el coste de la prestación de la educación pública en el primer ciclo de Educación Infantil, sino que dependerá de lo decidido tanto por las comunidades autónomas como por los municipios, titulares de muchas de las escuelas infantiles del territorio nacional.

Diferencias entre comunidades autónomas

En relación con el coste del servicio, el Defensor encuentra "importantes diferencias" entre administraciones. Por un lado, parece que hay cierta tendencia a la gratuidad, pues cada año va en aumento el número de comunidades autónomas que optan por la exención de precios por atención educativa en este ciclo. Sin embargo, aún quedan regiones en las que se paga este servicio, que puede llegar a más de 200 euros al mes.

Dentro de estas últimas, la institución también encuentra "diferencias relevantes" en relación con las bonificaciones o exenciones de la cuota mensual previstas atendiendo a las situaciones sociofamiliares, que pueden suponer que la exención de precios se reconozca en algunas regiones para las familias que perciben 45.000 euros anuales, mientras que en otras sólo si la renta per cápita de las familias es inferior a 0,50 Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) –3.600 euros anuales–.

"A esta diversidad, debemos añadir la de los municipios, pues si bien algunos también han apostado por la gratuidad del servicio, no ha sido así en todos los casos, debido a la alta diversidad económica existente entre ellos que, en ocasiones, supone la imposibilidad financiera de hacerse cargo de dichos gastos", subraya el informe.

En concreto, las quejas recibidas por el Defensor del Pueblo revelan que en pequeños municipios, a diferencia de los visto en las comunidades autónomas, "no siempre se prevén exenciones, bonificaciones o reducciones de los precios públicos de las escuelas infantiles en atención a la situación socioeconómica de las familias, lo que dificulta el acceso al primer ciclo de Educación Infantil de los más vulnerables".

El Defensor del Pueblo considera que el avance de las administraciones educativas para la cobertura de las necesidades de escolarización en este ciclo formativo mediante plazas públicas suficientes, además de extender su gratuidad, debe realizarse garantizando el acceso del alumnado en condiciones de igualdad en todo el territorio nacional y, en todo caso, la gratuidad del alumnado en condiciones socioeconómicas desfavorables.