Familiares de víctimas del Valle de los Caídos han remitido a la alcaldesa de San Lorenzo una carta solicitando que se renueve la licencia urbanística de las exhumaciones, después de la sentencia que levantó las medidas cautelares que impedían la extracción de restos óseos de las criptas.
La carta, dirigida a Carlota López Esteban, la firma Iñigo Jaca Arrizabalaga, sobrino del miliciano vasco inhumado en el Valle de los Caídos Antonio Arrizabalaga Ugarte. A esta petición se sumarán otras familias, como la de los hermanos Lapeña, los hermanos fusilados en Calatayud en la Guerra Civil y exhumados en el Cuelgamuros.
La queja llega después de que el Consistorio de este municipio madrileño se niegue a renovar la licencia de la obra para acceder a las criptas y proceder a las exhumaciones, debido al recurso que existe ante el Tribunal Supremo contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de levantar la medida cautelar que bloqueaba los trabajos.
Jaca esgrime en la carta que su solicitud de entrega de los restos de su familiar viene amparada por la resolución de Patrimonio Nacional de 21 de noviembre de 2020, al igual que el que asiste a la familia Lapeña amparada en un auto del juez de San Lorenzo del Escorial de 2016.
"Soy consciente de que me asisten unos derechos que no se están haciendo efectivos por actuaciones de muy dudosa legalidad, pues en estos momentos no existe disposición judicial que impida la concesión de licencia y entiendo que concurren las mismas condiciones y circunstancias que había en el momento que se concedió", recoge el escrito.
En amparo al Defensor del Pueblo
Además, la Asociación ProExhumación de los Republicanos del Valle de los Caídos, de la que forma parte la familia Jaca, acudirá en amparo a la Defensora del Pueblo europea, Emily O'Really, y al Defensor del Pueblo español, Ángel Gabilondo, para que se reconozca el derecho a las exhumaciones, reconocido por Patrimonio Nacional hace dos años.
"Tenemos un derecho reconocido y la carta europea de Derechos Fundamentales dicta que 'toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de sus comunicaciones'", ha subrayado Jaca.
La decisión de acudir en amparo se produce después de que el equipo del comisario encargado de dar respuesta a la misiva mantenga que la normativa del Derecho de la UE no es aplicable a este tipo de casos, a pesar de que hay precedentes que dicen lo contrario.
"Discrepamos de esa argumentación y por eso pedimos amparo. Llevamos seis años esperando a que se aplique una sentencia. Esto supone una barbaridad jurídica. Existen muchos antecedentes para aplicar el derecho que tenemos, pero no hay nada de sensibilidad democrática", ha lamentado.
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