El Pleno de la Asamblea de Madrid aprobará mañana previsiblemente, con los votos de PP y Vox, el Proyecto de Ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, que podría blindar el Valle de los Caídos frente a la Ley de Memoria Democrática.
Se trata, según defendieron desde le Gobierno regional, de un texto que "actualiza el régimen legal vigente desde 2013, para reforzar la protección del patrimonio y garantizar la adecuada conservación y difusión de todos sus bienes".
Asimismo, han argumentado que "no se limita a pequeños cambios legales sobre el existente, sino que configura un nuevo régimen legal que incorpora las últimas tendencias en materia de patrimonio cultural y que moderniza los instrumentos de protección". Amplía la noción de patrimonio cultural, refuerza su función de cohesión social e introduce la regulación sobre los denominados nuevos patrimonios: inmaterial, industrial, etnográfico, científico y tecnológico.
En este sentido, en el etnográfico se incluyen "todos los bienes muebles, inmuebles, inmateriales, espacios o elementos que constituyan testimonio y expresión significativos de la identidad, la cultura y las formas de vida tradicionales de la Comunidad".
A partir de esa descripción, el Proyecto de Ley incluye en su artículo 73c como bienes del patrimonio etnográfico "la arquitectura religiosa, incluyendo los calvarios tradicionales y las cruces, así como los elementos decorativos y bienes muebles relacionados directamente con el bien patrimonial a proteger". Esa mención a la protección de las cruces podría aplicarse a la Cruz del Valle de los Caídos, ubicada en San Lorenzo de El Escorial y gestionada por Patrimonio Nacional, aunque la última palabra seria de los técnicos.
Vox y la Ley de Memoria Democrática
Vox, en numerosas ocasiones, ha reclamado que el Valle de los Caídos sea declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y ha registrado varias Proposiciones No de Ley en este sentido. Se trata de una figura jurídica de protección patrimonial, para blindarlo frente a la ley de Memoria Democrática, que consideran una "barbarie totalitaria" que amenaza al recinto.
Para los de Rocío Monasterio, la ley es un ejercicio de "rencor, represión y revanchismo", basado en "afirmaciones falsas", para convertir la memoria "de los partidos que sustentan el actual Gobierno" en "política oficial del Estado".
En este penúltimo pleno antes de la campaña electoral, se votarán también las leyes del Ejecutivo autonómico de Archivos y Documentos de la Comunidad de Madrid y la del libro, la lectura y el patrimonio bibliográfico.
Se debatirán también cuatro Proposiciones No de Ley (PNL) sobre la reducción de la jornada laboral, suprimir el gasto público dirigido a subvencionar a sindicatos y la patronal, la creación de una Consejería específica de Industria y elaborar una reforma fiscal integral dirigida la sostenibilidad.
Además, comparecerá la consejera de Familia, Juventud y Política Social, Concepción Dancausa, para dar cuenta sobre sus políticas de envejecimiento activo y saludable en la región, y el consejero de Transportes, David Pérez, sobre su gestión.
Sesión de Control al Gobieno
Como es habitual, la Sesión de Control al Gobierno comenzará a las 10.00 horas con la pregunta de la portavoz de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre si cree que las residencias de personas mayores cuentan con recursos suficientes para la correcta atención de las personas a las que atienden.
A continuación, la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, querrá conocer sus políticas para favorecer el crecimiento de las empresas, mientras que el portavoz del PSOE, Juan Lobato, lo hará acerca del cumplimiento de sus objetivos de la Legislatura
La portavoz de Más Madrid, Mónica García, le preguntará por sus principales preocupaciones en esta legislatura y el portavoz del PP, Pedro Muñoz Abrines, le pedirá un balance de la política de vivienda de la Comunidad de Madrid.
El resto de preguntas dirigidas a los consejeros tratarán cuestiones sobre las universidades públicas, infraestructuras educativas, la Ciudad de la Justicia, situación de la vivienda, el acceso al empleo de las personas con discapacidad, medidas para el crecimiento de la inversión y estrategias de digitalización.
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