Más de 40 organizaciones han registrado este miércoles en la Comunidad miles de firmas para la retirada de la Ley Ómnibus

Estas organizaciones y colectivos sociales ya solicitaron el pasado día 3 de enero la retirada del anteproyecto e iniciaron una recogida de firmas en apoyo a esta iniciativa.

Este miércoles, alrededor de las 11.00 horas, han registrado estas firmas en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, y han explicado en un acto las razones por las que reclaman la retirada del anteproyecto.

Posteriormente, han hecho lo propio en el registro del Punto de Información y Atención al Ciudadano de la Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno de la Comunidad de Madrid, ubicado en el número 4 de la calle de Carretas.

La Ley Ómnibus fue aprobada el pasado 23 de diciembre y establecía un periodo de siete días hábiles para la presentación de alegaciones a esta norma que modificará 33 leyes y 5 decretos vigentes en la Comunidad, e incluye 15 nuevas disposiciones sobre cuestiones centrales para la población y el medio ambiente.

Según la Comunidad de Madrid, con esta norma, en el marco del Plan para la Reactivación de la Comunidad de Madrid tras la crisis de la COVID19, se calcula que se pueden reducir en cerca de dos millones de euros las cargas administrativas y mejorar su eficiencia para ciudadanos y empresas. La Ley, acorde al procedimiento, podría estar aprobada y publicada en el mes de junio de 2022, indicó el Gobierno regional.

A la espera del trámite parlamentario

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afeado a los grupos de izquierda de la oposición (Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos) se dediquen a criticar "por sistema" todo lo que hace el Gobierno regional, como el anteproyecto conocido como 'ley ómnnibus'.

Ayuso indicaba, la pasada semana, que la normativa se encuentra en consulta pública y que no queda aprobada hasta que no se produce el trámite parlamentario correspondiente, que es que esté debatida por todos los grupos de la oposición en la comisión.

"Se oponen frontalmente a esta ley como a casi todo lo que presenta el PP. El PSOE no está en condiciones de dar lecciones sobre control parlamentario, cuando utiliza el mismo en el Congreso y con incomparecencias, sin debate del Estado de la Nación", ha sostenido la presidenta.

Según ha explicado el Gobierno regional, esta normativa tiene por objeto la activación de la economía y el empleo, y su medida número tres, denominada 'Simplificación normativa en el ámbito de la Comunidad de Madrid y reducción de los trámites burocráticos', persigue la realización de una evaluación de la normativa de la Comunidad de Madrid a fin de proceder a su actualización, simplificación o derogación, en los casos que generen cargas innecesarias, contengan duplicidades o necesiten una mayor claridad en su redacción, reforzándose con ello el principio de seguridad jurídica y la reducción y simplificación de trámites, ganando en agilidad y eficacia.

Críticas de la izquierda

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, ha tachado de "disparate" el anteproyecto de Ley y le afeó al a dirigente autonómica que esta "no es la forma, ni la manera para realizar un debate sosegado sobre cambios importantes en la legislación de Madrid, como la Ley del Suelo o la Ley de Juegos".

"Hay temas muy importantes, de urbanismo o de materias de contratación sanitaria, que pueden tener consecuencias importantes", lamentó Lobato.

Por su parte, para la portavoz de Más Madrid, Mónica García, esta normativa "intenta ocultar profundos retrocesos" y ha aafirmado que se trata de un "atropello democrático"; mientras, la portavoz de Unidas Podemos, Carolina Alonso, ha lamentado que fuera presentada en Navidad y con "alevosía" por parte del Gobierno de Ayuso, además de dar una "puñalada trapera al sector del Taxi, contratación en sanidad sin control parlamentario, ataques al medio ambiente y a los servicios públicos".