El Defensor del Pueblo se ha dirigido a los ayuntamientos de Madrid y Barcelona para que pongan los medios para hacer compatible el derecho de los vecinos al descanso con el derecho de los hosteleros al uso y explotación de las terrazas, ya que está recibiendo quejas de comunidades vecinales.
Así, la institución se ha dirigido al Ayuntamiento de Madrid para que, tras la entrada en vigor de una nueva ordenanza, el pasado mes de febrero, "supervise de forma eficaz el cumplimiento, por parte de los titulares de las terrazas de hostelería, de los requisitos establecidos en la ordenanza para garantizar el descanso de los vecinal".
Para ello recomienda que se apruebe un plan de inspecciones programadas, sin previo aviso, y que ese plan se combine con inspecciones derivadas de las denuncias de los vecinos.
Además, aconseja que "se habiliten nuevos medios para la inspección de las terrazas, en particular en zonas saturadas y en áreas de protección acústica especial" y que "se faciliten tanto la tramitación de las denuncias y los procedimientos sancionadores, como el restablecimiento de la legalidad urbanística y ambiental".
También insta al consistorio madrileño a que desarrolle campañas de concienciación ciudadana, para "fomentar comportamientos cívicos en los espacios públicos, especialmente los vinculados al uso de terrazas de hostelería".
Por otro lado, el Defensor del Pueblo se ha dirigido al Ayuntamiento de Barcelona para que este, igualmente, informe de la aplicación y cumplimiento de la ordenanza de terrazas en la capital catalana.
La institución ha solicitado una "valoración de los resultados obtenidos, que se informe sobre el programa de inspecciones del que dispone el Ayuntamiento de la capital catalana para asegurar el cumplimiento de la ordenanza, número de denuncias por ruido y otras molestias recibidas desde la entrada en vigor de los nuevos preceptos e indicación de sanciones impuestas".
El Defensor del Pueblo indica que, a pesar de la entrada en vigor de las nuevas ordenanzas de terrazas en ambas capitales, sigue recibiendo quejas de vecinos y colectivos vecinales por las molestias que genera la actividad.
La institución reconoce que estas actividades son una parte del "motor económico" de las ciudades, pero advierte de que debe hacerse una supervisión adecuada del cumplimiento de las condiciones en las que deben prestarse para evitar que los centros urbanos se conviertan en lugares "inhabitables".
"200 terrazas menos, en Ponzano", según Villacís
Por su parte, la vicealcaldesa de Madrid,
Begoña Villacís, ha informado este viernes de que
ya se han retirado casi 200 terrazas COVID en el área de Ponzano y ha asegurado que "ha habido
un antes y un después", tras la entrada en vigor de la Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE). "Ahora, la situación es distinta.
Lo que se va a hacer es reevaluar la situación", ha afirmado.
El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha destacado el número de terrazas eliminadas y ha agradecido a los hosteleros su disposición. Entiende que permite mejorar la "calidad de vida" en la zona de Ponzano y el "equilibrio" en esa zona de Madrid, que cuenta con un sector económico "fundamental" con el que es "posible poner de acuerdo" con los vecinos.
ZPAE Trafalgar-Ríos Rosas y los vecinos
Esta nueva ZPAE Trafalgar-Ríos Rosas se implanta para dar respuesta a las quejas vecinales por ruido que el Ayuntamiento de la capital ha recibido en estos barrios de Chamberí.
Tiene una extensión de 153,45 hectáreas y afecta a los barrios de Ríos Rosas, Trafalgar, Almagro, Arapiles y Vallehermoso, donde viven 61.000 personas.
La FRAVM valora de manera muy positiva el paso dado por Ángel Gabilondo ante este grave problema, y espera que tenga algún efecto en el Consistorio que dirige José Luis Martínez-Almeida, "que hasta el momento no ha sido capaz de poner coto a las enormes molestias que las terrazas causan en la vecindad de algunas zonas de la capital", aseguran.
Y es que, según se afirma desde la Federación vecinal, "ni siquiera ha sido capaz de hacer respetar la actual ordenanza de terrazas, una norma de por sí mala y poco garantista para los vecinos y vecinas residentes.
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