Un total de 170 familias afectadas por la venta de viviendas del extinto IVIMA al fondo Goldman Sachs Azora en 2013 reclamarán este miércoles a la Comunidad amparo y que reviertan la operación. Así, registrarán este miércoles una solicitud de amparo en línea con la sentencia del Tribunal Supremo que confirmó la nulidad de esta venta de casi 3.000 viviendas; una decisión ante la que la Comunidad no ha interpuesto recurso y está acatando.
Una ejecución que se está aplicando "exclusivamente" a la sentencia del proceso, por la que la vivienda del hombre que inició el litigio vuelve a manos de la Agencia de Vivienda Social y él se convierte en inquilino.
Por su parte, los afectados entienden que se anuló la venta en bloque, pero que, aún así, a lo largo de los años "muchos inquilinos han sido expulsados y otros muchos resisten en sus casas soportando subidas de renta y demandas de desahucio por no renovación de los contratos".
"Denunciamos un abandono institucional escandaloso, con muchas familias aún en procesos de desahucio con fechas de lanzamiento pendientes", han añadido.
Demanda Civil contra la Comunidad
Por su parte, el fondo Encasa Cibeles ha emprendido acciones legales contra la Comunidad para dar "pleno rendimiento" a la sentencia del TSJM, ya que "a pesar de no haber sido parte en el procedimiento" -le transmitió la propiedad Azora- se ve afectada por este fallo que "da lugar a la cancelación total y no parcial de la venta realizada en 2013". "En consecuencia, Encasa deberá devolver a la AVS todas las viviendas que siguen bajo su gestión", han indicado.
El TS, en la sentencia que corroboraba la decisión del TSJM, argumentaba que "si bien existe una motivación razonable sobre la decisión política" de enajenar determinado lote de promociones, sin embargo "no se ha justificado debidamente" (de forma específica) que esas viviendas concretas vendidas "no son necesarias para el cumplimiento de las funciones y competencias del IVIMA".
Además, exponía que los argumentos aportados por ambos recursos "evidencian la carencia de interés casacional". Así, por ejemplo, se reclamó por parte de la Comunidad en su incidente de nulidad contra la ratificación del TS que la sentencia anulatoria se circunscriba al caso de un único afectado (el demandante en primera instancia), aspecto que rechaza el TS por no tener relación con el fallo del TSJM.
Las casi 3.000 viviendas pertenecían al Plan Joven del Instituto de la Vivienda de Madrid, que fueron vendidas por un importe de 201 millones de euros, casi un 20 por ciento más que el precio fijado de salida (168,9 millones). Son en su mayoría pisos de uno y dos dormitorios con un máximo de 70 metros cuadrados de superficie. Las viviendas están ubicadas en las localidades de Madrid (1.380), Móstoles (259), Torrejón de Ardoz (224), Tielmes (21), Parla (240), Collado Villalba (44), Majadahonda (332), Navalcarnero (192), Leganés (36), Valdemoro (80) y Arroyomolinos (127).
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