La supervivencia de las pequeñas librerías, pendiente de una campaña del libro de texto que palíe dos años de crisis

En 2020, según las empresas distribuidoras que operan en la Comunidad de Madrid, un total de 129 de estos establecimientos echó la persiana, lo que supone en términos generales la desaparición del 10% de la red de librerías que comercializan libro de texto en la región.

El gremio arrastra "una situación económica muy preocupante" desde hace dos años, según señala Valentín García, portavoz de la Asociación de Pequeñas Librerías de Madrid, recordando que 60 de estos establecimientos tuvieron que cerrar en 2019 por su precaria situación económica, una cifra que se elevó a 129 en 2020.

"Este año tiene perspectivas similares", ha señalado este propietario de una pequeña librería de Torrejón de Ardoz, aunque admite que es prematuro aventurar una previsión de ventas para este 2021, porque "estos últimos años se nota que los clientes esperan mucho a encargar los pedidos".

Una oportunidad o la puntilla a sus negocios

Para muchos de estos pequeños negocios, la compra centralizada de libros a través de iniciativas como el Programa Accede o los bancos de libros para el préstamo gratuito a escolares es vista como la "puntilla" a sus negocios, aunque otros han recalcado que se trata de una "oportunidad" para su supervivencia.

Se trata de un programa de préstamo gratuito de libros de texto que establece que son los centros escolares, a través de la figura de un coordinador nombrado por el director de cada colegio o instituto, los encargados de adquirir los libros en las librerías o establecimientos que se hayan adherido al mismo. Según esta normativa, cada centro debe elegir un único proveedor, lo que "reduce" las opciones de los minoristas, según lamenta el sector de las pequeñas librerías.

En el caso de las que no han sido licitadoras en el Programa Accede, según datos sobre el impacto del programa en la red de librerías de la Comunidad de Madrid realizado por las empresas distribuidoras, las ventas cayeron el pasado año entre un 45% y un 60% en las librerías de cierta capacidad que les compran habitualmente y que tienen en el libro de texto parte importante de su facturación.

Un porcentaje en las caídas de facturación que se sitúa en torno al 25% en el caso de librerías generales, no especializadas en libro de texto y que no han licitado, fundamentalmente motivado por la crisis actual, según FANDE, la federación de distribuidores de libros.

De este modo, denuncian que el acuerdo marco que regula la adquisición por parte de los centros perjudica "especialmente a las librerías de pequeño o mediano tamaño", en favor de las grandes distribuidoras. Según sus estimaciones, esta normativa ha llevado al cierre al 70-80% de estos negocios durante el año pasado.

La Consejería defiende el modelo

Desde la Consejería de Educación y Juventud, por contra, defienden este programa dotado con más de 31,89 millones de euros este curso escolar. Del mismo se beneficiarán 410.000 alumnos en el curso que arranca y contará con 1.437 centros educativos adheridos (1.159 públicos y 278 privados o concertados).

En el curso 2019/2020, según los datos facilitados por el departamento que dirige Enrique Ossorio, en la región hubo un total de 183 adjudicatarios de libros, de los cuáles 121 son autónomos (un 66,12%) y únicamente el 4% eran grandes editoriales. "Se ha cumplido el objetivo del Ejecutivo madrileño de favorecer a las pequeñas librerías de barrio, un sector especialmente castigado por la crisis económica de los últimos años", defiende la Consejería.

Garantizar la supervivencia

Menos de un centenar de pequeñas librerías han logrado cumplir con los "estrictos" requisitos para entrar en el programa y ganar licitaciones. En este caso, "un porcentaje muy pequeño del total" de librerías, aumentaron su facturación "aunque con unos márgenes a veces raquíticos, cuando no inexistentes en algunos títulos determinados", según las conclusiones de las empresas distribuidoras.

Es el caso de Ricardo Martínez, que regenta la Librería Fábula, ubicada en Alcorcón, y para quien entrar en el programa Accede permite "salvar los muebles". "La Comunidad da un dinero para la gestión de bancos de libros que, junto a la venta, dan números que son razonables", ha señalado.

"En el caso de las que no han entrado, lo están pasando francamente mal", ha lamentado este librero, quien además ha puesto de manifiesto el "grave problema" que supone para estos negocios la pérdida del "flujo de visitas" en las librerías al vender directamente a los colegios e institutos. "Si no tienes que comprar el libro de texto, dejas de venir y el que tiene producto de papelería, por ejemplo, deja de vender. Es una rueda", ha explicado.

Alternativas, como el cheque-regalo

A ello se une, según ha explicado, el escaso margen de beneficio con el que trabaja el sector, que ha cuantificado entre el 15 y el 20%. En este sentido, desde la Asociación de Pequeñas Librerías de Madrid han recordado que de cara a este curso, las editoriales han actualizado los precios, con subidas de entre un 2% y 5% por el incremento de los precios del transporte y el papel, pero los fijados por Accede en 2018, "sin un estudio de mercado y sin contar con el sector del libro, se mantienen igual y lo harán hasta 2023 cuando termina el Acuerdo Marco".

"La compra centralizada de libros de texto ha hecho que el negocio de las editoriales se reduzca mucho más. Antes cada familia compraba libros cada año más o menos y ahora los compra, si los programas funcionan, cada tres o cuatro años, salvo los primeros cursos de Infantil y Primaria. Las editoriales ven reducida su facturación y están ajustando mucho los márgenes, de modo que el canal de distribución a través de las librerías se vuelve muy complicado, porque los márgenes con los que trabajamos cada vez son menores y el volumen no suple la pérdida de margen", ha explicado Igor Muñiz, dueño de la librería Muga, en Vallecas.

La asociación, que defiende el método por el que han optado otras Comunidades Autónomas del cheque-regalo, que se entrega directamente a las familias, reclamó la suspensión del acuerdo marco apelando al interés público. El Defensor del Pueblo admitió en un escrito que existían "razones de interés público suficientemente acreditadas" para ello, aunque nada cambió con este pronunciamiento.

"Los modelos de compra centralizada tienen su lógica, pero habría que pedir a la Comunidad que pensara que hay que buscar una salida y apoyar a esas estructuras comerciales y de distribución para que se puedan sostener", ha zanjado el dueño de la librería Muga.