Los afectados por las obras de la Línea 7B de Metro inician una batalla judicial contra la Comunidad de Madrid por unas indemnizaciones que consideran "insuficientes" y piden que se ajusten al valor del mercado actual.
La tasación de las viviendas marca este lunes el inicio de la batalla judicial de los afectados por las obras de la Línea 7B de Metro contra la Comunidad de Madrid por las "ínfimas" indemnizaciones que aseguran haber recibido por los derribos de sus viviendas.
La Sección Décima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) celebrará toda la semana, menos el miércoles, vistas con la práctica de la pruebas solicitadas por las partes. El procedimiento contencioso aglutina un total de 28 demandas vecinales.
En las vistas del juicio, que serán públicas y se celebrarán a las 10.00 horas, en el salón de actos del TSJM, los magistrados procederán a la práctica de la prueba. Este lunes, los peritos realizan la tasación de las viviendas, mientras que el viernes tendrán lugar las periciales psicológicas a instancias de los abogados de los damnificados.
La sala tendrá que pronunciarse sobre la cantidad a indemnizar a cada uno de los demandantes conforme a los informes periciales que hayan aportado a la causa.
Desde la asociación de Afectados Rafael Alberti y Presa critican que la Comunidad de Madrid sustente las indemnizaciones en una tabla rasa, sin tener en cuenta los metros de las viviendas y otros parámetros, lo que tacha de "injusto".
"Se nos da menos que cuando pasó lo del barrio del Carmel en Barcelona, hace 20 años –en 2005, el hundimiento de un túnel del metro obligó al desalojo de 530 viviendas–", ha denunciado el presidente de la asociación, destacando que el daño moral sufrido por los afectados es importante, teniendo en cuenta que hay casos en los que los vecinos perdieron todo.
Los afectados reclaman a la Comunidad de Madrid que, al menos, las compensaciones se ajusten al valor del mercado de las viviendas, dado que las cantidades que les dan son a su juicio ínfimas para afrontar el coste actual de una casa.
Mayor compensación
El colectivo exige al Gobierno regional una compensación mayor a la que recibieron por los daños en sus viviendas. Las indemnizaciones ofrecidas por la Comunidad de Madrid oscilan entre 136.000 y 355.000 euros, con compensaciones adicionales de 10.000 a 33.000 euros por garaje.
Frente a ello, los vecinos consideran insuficientes estas indemnizaciones, dado que el precio de las viviendas en esta zona asciende a unos 250.000 euros.
El portavoz de la Plataforma 7B Afectados por Metro, Alejandro Escribano, ha subrayado que será "uno de los primeros conatos que va a haber para exigir justicia a los tribunales en este sentido" y, en este sentido, ha explicado que más vecinos, "a lo largo de los próximos meses y a lo largo de los próximos años", van a acudir a los tribunales "a buscar la justicia que se nos ha negado".
"Consideramos muy positivo que los vecinos afectados acudan a los tribunales a exigir lo que la falta de voluntad política del Gobierno regional les ha negado, que es la vivienda que tenían antes y que ahora ha sido derribada por culpa de la negligencia de Metro", ha defendido el portavoz.
Criterios jurídicos y técnicos
Por su parte, la Comunidad de Madrid ha recordado que las valoraciones que se realizan en los expedientes de responsabilidad patrimonial se basan en "criterios jurídicos y técnicos" y, en este caso, con informes de tasación realizados por empresas avaladas por el Banco de España.
Así, han recalcado que, además de incluir el valor de la vivienda, en los expedientes también se contemplan los daños y perjuicios ocasionados por el desalojo y posterior derribo, gastos de mudanzas, guardamuebles y pérdida de muebles y enseres que quedaron en la vivienda. En este sentido, también recoge el daño moral y el lucro cesante.
En cualquier caso, desde la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras han recalcado que los vecinos afectados están en su derecho de realizar las acciones judiciales que consideren oportunas si no están de acuerdo con la valoración realizada. "El Gobierno de la Comunidad Madrid respeta esta decisión, así como el proceso judicial que se deriva de estas acciones", ha remarcado.
Valoraciones "muy por debajo"
Un perito de parte ha ratificado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que la empresa tasadora contratada por la Comunidad de Madrid para fijar las indemnizaciones por las viviendas, plazas de garajes y locales afectados por las obras de la Línea 7B de Metro de Madrid valoró "muy por debajo" de la media de mercado los precios de los inmuebles perjudicados.
En esta primera sesión, la Sala ha escuchado el peritaje de un arquitecto contratado por la asociación Rafael Alberti y Presa. Mañana y, el jueves, están previstos más peritajes, mientras que el viernes comparecerán psicólogos que atendieron a los damnificados.
Ante el tribunal, el arquitecto ha detallado que para su informe pericial se usaron diferentes parámetros para determinar el valor real de la viviendas, como la superficie, el año de construcción o la ubicación. Además, se aplicó la normativa ECO ( de la Orden ECO/805/2003), que establece normas de valoración de bienes inmuebles para fines financieros, como la obtención de créditos hipotecarios.
En declaraciones a los medios, el perito ha señalado que el informe de Tinsa, tasadora contratada por el Gobierno regional, valora de forma "clarísima" por debajo de la media. "Las valoraciones siempre pueden ser un poco relativas, pero considero que, en el caso de ese informe de valoración, hay una tendencia clarísimamente de desvirtuar y llevarlo a la baja, descaradamente", ha aseverado.
Por ejemplo, apunta, realizan una valoración de una plaza de garaje en 11 o 12 mil euros, prácticamente la mitad de lo que es una plaza de garaje normal en la zona. "Está muy desvirtuado. Llevarían una estrategia, posiblemente, de acuerdo con quien les contrató", ha añadido.
El presidente de la asociación Rafael Alberti y Presa, Juan Antonio Presa, ha señalado que se ha llegado a juicio porque "la Comunidad de Madrid no ha tenido bien en escuchar nuestras reivindicaciones en cuanto a las tasaciones, el daño moral y la pérdida de alquileres".
"Se han jactado una y otra vez de que se ha llegado a un máximo legal y yo pregunto: ¿cuánto es un máximo legal? Si la vida de una familia se ha visto destrozada, ¿quién dice cual es el máximo legal?", recalca.
"La diferencia es muy grande, están todos fuera del mercado. Con la cantidad que nos indemnizó la Comunidad de Madrid, es imposible comprar en el entorno, y no sólo en el entorno, en cualquier pueblo de la región", indica. El precio medio de las viviendas en esta zona asciende a unos 250.000 euros.

"Todo lo que estuvo en su mano", dicen desde el Gobierno
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha asegurado este lunes que el Gobierno regional ha hecho "todo lo que estuvo en su mano" para ayudar a los afectados por la Línea 7B de Metro de Madrid, con ayudas de más de 11 millones.
"Respetamos las decisiones que las familias, que están en su derecho de poder acudir a los tribunales. Nosotros, desde el primer minuto, dijimos que íbamos a dar el máximo legal. Pusimos la tasación en manos de los mejores en nuestro país para poderles compensar no sólo por la vivienda, sino también por los daños morales", ha explicado García Martín.
En la misma línea, ha subrayado que la Comunidad, "desde el minuto uno, hizo "todo en su mano" para ayudar a las familias, a la vez que ha indicado que acatarán las resolucionbes judiciales que se puedan derivar.
"Inhumanidad" y "negligencia", según la oposición
El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid ha tildado de "inhumana e indigna" la gestión que el Gobierno regional está haciendo en el caso de las indemnizaciones a los afectados por las obras de ampliación de la Línea 7B de Metro, mientras que Más Madrid ha hablado de gobierno "negligente".
Desde el PSOE, Mar Espinar ha subrayado que los vecinos afectados "llevan años esperando que se haga justicia" y les tienen "pleiteando durante años para darles una indemnización digna". "Es la inhumanidad, es la indignidad, es la falta de empatía característica de esta presidenta que desprecia siempre a las víctimas de sus propias políticas", ha dicho.
Así, ha recalcado que mientras que el PSOE defiende "derechos", el PP "ataca a personas". "Lo hizo con las residencias, lo hizo con las víctimas de las obras de la línea 7B y lo hace con los que salimos a la calle a defender la sanidad pública", ha señalado la portavoz socialista, que ha dicho confiar en que finalmente "se haga justicia".
Por su parte, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha trasladado su apoyo a las familias afectadas y ha defendido la necesidad de una indemnización justa, "no sólo por el valor real de las casas que han sido derribadas por un gobierno negligente, sino también por todos los daños morales que están sufriendo".
"Una chapuza heredada del gobierno de Esperanza Aguirre, que ha sido recogida por el Ejecutivo de Ayuso, que además vemos como los millones en realidad se están yendo a las empresas que están incumpliendo los proyectos iniciales", ha zanjado.
Desde el PP, el portavoz parlamentario, Carlos Díaz-Pache, ha recordado que la Comunidad inició de oficio 101 expedientes patrimoniales, de los que ha pagado 78 por valor de 11 millones de euros. "Las valoraciones se hicieron con criterios estrictamente técnicos, de acuerdo con los propios vecinos, a los que se pidió que aportaran toda la documentación posible para poder aumentar la indemnización a la que tenían derecho", ha defendido.
En cualquier caso, ha incidido, si los afectados consideran que la indemnización "no es la correspondiente o que la ley les permite conseguir una mayor", están en su derecho a acudir a los tribunales.
"La voluntad y la seriedad del trabajo de los servicios técnicos de la Comunidad de Madrid, de la Consejería de Transportes, fue absoluta, para hacer la mayor valoración posible, para resarcir a los vecinos de un daño que no debieron sufrir, que sufrieron y que la Comunidad de Madrid se hizo responsable para resarcir", ha zanjado.