Asociaciones de vecinos de Villaverde y Usera han denunciado ante la Fiscalía de Medio Ambiente la plataforma logística PALM-40, por considerar que podría haber cometido delitos contra el medio ambiente y la salud de la población, además de prevaricación administrativa.
La FRAVM y las asociaciones vecinales de Orcasur, Guetaria y La Cornisa, de Usera, y Los Hogares, La Incolora, San Nicolás y La Morada de Villaverde, han decidido recurrir a la Fiscalía de Medio Ambiente tras las repetidas denuncias de que las obras de la plataforma logística seguían adelante a pesar de carecer de plan de movilidad y Plan Especial de Control Urbanístico Ambiental de Usos, como se aprobó en el pleno del Ayuntamiento el marzo de 2019.
Los vecinos, que han protagonizado repetidas manifestaciones para paralizar este centro logístico de reparto de paquetería, al considerar que sólo tiene acceso a través de vías residenciales pese al volumen de tráfico que generará, y carecer de acceso a la M-40 pese a estar pegado a la autovía, han tomado la decisión al comprobar que las obras no han parado ni durante el estado de alarma.
La constructora valenciana Pavasal ha continuado los trabajos a buen ritmo, y ahora la Fiscalía de Medio Ambiente debería dilucidar si hay motivos para presentar una querella o abrir un proceso de instrucción judicial, no solo contra ella sino también contra la entidad promotora BNP Paribas Real Estate y los responsables municipales que han otorgado las licencias, señalan en un comunicado las asociaciones vecinales.
En su denuncia, las entidades ciudadanas destacan el itinerario jurídico “poco riguroso” del proyecto, ya que demandaron una licencia para una planta menor a la proyectada, pero también que se ha ignorado el acuerdo de pleno que establecía que antes de conceder cualquier licencia, se debía presentar un Plan Especial de Control Urbanístico Ambiental de Usos (PECUAU), que a día de hoy no se ha aprobado pese a haberse terminado las obras en su primera fase. Esto podría constituir, según los demandantes, "prevaricación urbanística o contra la ordenación del territorio y el urbanismo".
Los vecinos vienen denunciando, desde que se conoció el proyecto de construir esta plataforma de distribución de última milla en el 104 de la calle Eduardo Barreiros, que su actividad tendría gran incidencia sobre el vecindario, por el paso de 2.000 camiones y furgonetas, que generarían ruido, polución y tráfico, y afecciones a la salud, en una zona eminentemente residencial sin acceso directo a la autovía M40.
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