Huele a corrupción. La zona noreste de Madrid se ha convertido en el lugar donde se suceden los pelotazos. Allí está la Ciudad Deportiva del Real Madrid, conseguida después de la operación de venta de los antiguos terrenos del paseo de la Castellana por los que ingresó 500 M y donde se ubican cinco gigantescas torres. También está la Ciudad de la Justicia, donde Esperanza Aguirre enterró 355 M en un solo edificio de los dieciséis previstos. Además, está el Zendal, un plató de televisión con apariencia de hospital sin pacientes ni personal que ha costado 170 M. Se ha decidido ampliar la línea 11 de Metro hasta allí, a una zona que hoy no se justifica por la baja densidad de población, con un intercambiador de 24 M. Cientos de millones para las empresas de construcción y los propietarios del terreno.
La guinda es el regalo que hace Ayuso de un solar en Valdebebas que vale 10,37 M de euros para construir un colegio privado al que le va a dar un concierto educativo a 40 años, prorrogable hasta 75 años. Concesión prácticamente perpetua. La parcela tiene 18.838 metros cuadrados, un terreno de casi dos estadios de fútbol para construir un colegio. La inversión necesaria para la construcción no puede bajar de los 20-25 millones de euros. De ahí que quieran asegurarla con un concierto que compromete a la Comunidad de Madrid a financiar con 200 millones a un centro educativo privado.
La oportunidad de negocio es inmensa. Un barrio crecedero que tiene una previsión de 35.000 habitantes para 2023, con una tasa de natalidad muy alta y que no tiene infraestructuras públicas. Y no las tiene por decisión política.
Sólo hay dos colegios públicos, el CEIP Alfredo Di Stéfano y el CEIP Nuria Espert, solo de educación infantil. Los dos están saturados. Sólo se están matriculando a los niños que son hermanos. Se están utilizando los espacios comunes para atender a los niños. En el Alfredo Di Stéfano usan para ello el salón de actos, la biblioteca, las aulas de psicomotricidad y hay dos aulas de infantil desplazadas. En el Nuria Espert, llegan a meter a los niños en la sala de motricidad, en el comedor, en la sala de profesores y como patio se utiliza el aparcamiento. Llevan cinco años aguantando mentiras y esperando a que se acabe el colegio. A diario salen 3.000 alumnos fuera del barrio por la falta de infraestructuras educativas en secundaria.
Es un escándalo. El hacinamiento nada tiene que ver con la calidad educativa y la responsabilidad es imputable a una consejería que hace todo lo posible por no atender la demanda de las familias antes de que aterricen los concertados. Un negocio redondo con suelo y fondos públicos para aquellos que están convirtiendo la educación en un puro mercado.
Las familias se han movilizado para exigir centros educativos públicos. Cientos de familias han pedido la construcción de un instituto público para que puedan ir los niños del CEIP Alfredo Di Stéfano que acaben la primaria. Ni caso. Cientos de familias ha exigido que se acabe el CEIP Nuria Espert a tiempo. Se ha desatendido por una administración que es la titular de la educación pública. Han salido a la calle, han rodeado las parcelas, han hecho flashmob, han entregado 600 firmas en la consejería, han venido a la Asamblea de Madrid y vendrán de nuevo el 15 de diciembre.
La libertad de elección de las familias en Valdebebas es inequívoca. Pero, el Gobierno Ayuso la ha ignorado demostrando una vez más que su "libertad" es una falacia, al ser sólo libertad para el negocio de las grandes empresas. Es gravísimo querer imponer un gran centro concertado con la pistola en la sien, aprovechándose de la necesidad de escolarización existente. Es impresentable el argumento del consejero Ossorio en Comisión de Presupuestos diciendo entre risas: "Ya verán la demanda que tendrá ese centro concertado". Es como si en pleno desierto sólo se abriera un punto de venta de botellas de agua y se presumiera de lo bien que se vende, aunque sea cara y poca calidad.
La decisión del Gobierno de Ayuso es descaradísima. Por un lado, es probablemente ilegal. Se intenta burlar la LOMLOE, que dice que los ayuntamientos sólo cederán suelo para centros públicos y no a empresas privadas (art.81 bis), con un fraude de ley. Se pretende comprometer el concierto antes de que esté construido el colegio, algo que contraviene las normas, intenta evitar la libre concurrencia y perjudica a la enseñanza pública y privada. El Gobierno de la nación quiso prohibir estas prácticas con la LOMLOE, para que no se genere corrupción (Caso Púnica) y para defender la educación pública. Unidas Podemos va a recurrir este atropello. El Gobierno debería recurrir estas decisiones y modificar si es necesario la ley para evitar este saqueo de lo público...
(Pueden leer este artículo de opinión completo en Publico.es, donde se ha publicado originariamente, el 7 de diciembre de 2023)
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