Aprobada la Ley Maestra de Libertad Educativa, que pretende 'frenar' la 'Ley Celaà'

Del mismo modo, "regulará la normalización, inclusión, no discriminación e igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo para los estudiantes con necesidades educativas especiales".

La escolarización en Educación Especial se revisará de forma continua para que, en cada momento, se cuente con el entorno educativo más inclusivo y potenciador de las capacidades del alumno. De esta manera, se "garantiza" en la región la continuidad de los centros de Educación Especial en la Comunidad de Madrid.

La Administración educativa dotará de los recursos humanos y materiales necesarios y se impulsará la formación del profesorado, junto con la investigación e innovación en la atención del alumnado con necesidades educativas especiales.

Además, se promoverá la implicación de las familias del alumnado, recogiendo estas actuaciones en los documentos de organización para hacer efectiva la comunicación y participación de la familia en la vida de los centros educativos.

La nueva Ley Maestra apostará por el esfuerzo y la excelencia dentro del sistema educativo. Entre otras medidas, se promoverán la realización de pruebas externas que fomenten la calidad. Además, garantizará el derecho a recibir las enseñanzas en español, como lengua oficial y vehicular de España e impulsará actuaciones de coordinación con otras comunidades e instituciones públicas y privadas con esta finalidad.

Esta normativa asegurará también la libertad de elección de centro educativo con independencia del barrio de residencia y apostando por la zona única, una de las señas de identidad del sistema educativo madrileño. Otro de los puntos fundamentales de la Ley Maestra será la defensa de la educación concertada.

Demanda social

La normativa va a garantizar las plazas suficientes en enseñanzas declaradas obligatorias y gratuitas, teniendo en cuenta la oferta de los centros públicos y privados concertados e incluyendo el concepto de demanda social. Este concepto "ha quedado excluido" en la nueva Ley educativa nacional, que "pone en peligro la libertad de las familias madrileñas a elegir este tipo de educación", según el Gobierno regional.

Con la aprobación de esta norma, la Comunidad de Madrid "se dota de la seguridad y la estabilidad necesaria para poder continuar con un modelo de enseñanza basada en la libertad, la calidad y la equidad del sistema educativo". Así, el Ejecutivo madrileño, dentro de sus competencias, pretende garantizar los pilares de la educación regional, que "se ven amenazados con la entrada en vigor de la LOMLOE".

A esta normativa se han añadido 27 enmiendas transaccionadas por el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario de Vox, entre las que se encuentran una sobre que la mejor garantía para normalizar y optimizar el proceso educativo del alumnado con necesidades educativas especiales es la concurrencia de centros escolares de calidad.

También, otra para dotar a los centros sostenidos con fondos públicos de los recursos necesarios para ofrecer una educación equitativa y de calidad; que los padres reciban información y asesoramiento en los centros educativos y se aporte información detallada de los programas educativos.

Críticas desde los grupos de la oposición

El diputado de Unidas Podemos, Agustín Moreno, ha lamentado la "baja calidad legislativa" de esta Ley, que se ha hecho por intereses "concretos" del Gobierno regional. "Esta es una ley para confrontar que la utiliza Ayuso por su batalla de conseguir sus objetivos, que se inventa parte de la realidad con la misma. La LOMLOE no suprime la educación concertada, ni se carga el castellano. Si hay alguna amenaza al castellano es el programa bilingüe", ha lanzado.

Por su parte, el parlamentario de Vox, Jaime de Berenger, ha trasladado que están "muy contentos y muy alegres" por la aprobación de esta normativa, en la que se trabaja "en el bien común" e incluye "derechos positivos para las ciudadanos". "No es un asalto a la Educación Pública, es todo lo contrario. Los derechos no los tienen las instituciones, son de los ciudadanos. Lo que se aprueba es dar más derechos. Es bueno para la justicia social", ha apuntado.

La diputada del PSOE Marta Bernardo ha sostenido que "no es un buen día para la educación, para los docentes, ni para el alumnado". Según ha expuesto, después del tiempo de tramitación tienen claro que el motivo de presentación de esta ley, que consideran de contenido "escueto", "no es otro que el choque frontal con la democracia". Así, ha censurado que ante cada normativa que aprueba el Gobierno "legitimo" de España desde la Comunidad se muestren "insumisos".

El parlamentario de Más Madrid Antonio Sánchez ha criticado que hayan elegido ese nombre para la Ley, cuando "están en contra para todo tipo de libertad", porque a la única que responden es solo a la "compraventa de sus derechos". "Le gusta la selección socioeconómica del alumnado", ha espetado.

Desde el PP, la diputada Lorena Heras ha criticado durante la 'Ley Celaá' y ha subrayado que con esta normativa "surge como respuesta al ataque a la libertad y a la calidad". Buscan "blindar" la educación y la libertad en la autonomía.

"Desmantelamiento" de la educación pública

La Asamblea Marea Verde ha criticado este jueves que la recién aprobada Ley Educativa de la Comunidad de Madrid, que tiene el objetivo de 'frenar' la 'Ley Celaá', conlleva un "desmantelamiento" de la educación pública y es "segregadora".

Así lo han puesto de manifiesto varios de sus representantes a las puertas de la Asamblea de Madrid. En concreto, la responsable de enseñanza pública de CCOO, Aida San Millán, ha asegurado que esta norma acaba con la participación de la comunidad educativa, ya que la "descabeza".

"No va a haber participación dentro de los centros. No van a poder opinar las familias, ni los claustros", ha cargado. Además, ha señalado que la financiación "pasa a manos privadas" y que ahonda en los problemas de la escolarización que genera la 'zona única' a la hora de elegir centro educativo.

Por su parte, la representante de las escuelas infantiles públicas 0-6 años, Maite Camacho, se ha manifestado contra el "acoso" que sufren estos centros por la decisión de cerrar de forma progresiva el segundo ciclo de escuelas infantiles para trasladarlo a los colegios. "Supone romper con los proyectos que llevan funcionando muchísimos años y por los que hemos apostado los propios equipos", ha resaltado.

Por su parte, la portavoz de la Asamblea Marea Verde, Lola Ruiz, ha expresado su "malestar" por la falta de "debate" en la aprobación de esta ley, que "no recoge los problemas en la educación pública". "Nos sentimos realmente abandonados por el Gobierno de Ayuso, pensamos que no están abordando los problemas", ha apuntado.

Por último, se ha referido a los problemas que tienen los centros educativos debido a la pandemia ante lo que se hace necesario "más inversión, más profesionales y refuerzos dentro de las aulas". "No se puede estar trabajando con la ratio que hay en la Comunidad de Madrid", ha defendido.