El Grupo de Pandemias de la Mesa de Atención Primaria del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid (Icomem) ha apuntado aspectos de la nueva Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de la COVID19 que pueden generar "confusión" y ha solicitado al Gobierno regional propuestas para evitar que los problemas que en este sentido se puedan generar para los profesionales de este nivel asistencial.
En un informe realizado por el Grupo, se señala que la nueva Estrategia seguirá suponiendo "una importante carga de trabajo para los centros de salud y una limitación para la atención de pacientes no COVID" y apunta a la necesidad de precisar medidas sobre realización de pruebas diagnósticas, atención a vulnerables o mantenimiento de circuitos asistenciales diferenciados.
"En la misma, hay aspectos no resueltos o que generan cierta ambigüedad y que podrían motivar la confusión a la hora de actuar por parte de los principales responsables de atención clínica de los pacientes", como son los médicos de familia y los pediatras, que atienden directamente al 95% de los casos COVID19, ha recordado el Dr. José María Molero, miembro de la mesa de AP.
En este sentido, ha explicado que "la estrategia deja claro que no hemos alcanzado la normalidad asistencial y, por tanto, no debe existir una relajación de las medidas de actuación clínica ante los nuevos casos de COVID19 y tampoco por parte de la población de las medidas de prevención".
Así, este grupo recuerda que no debería confundirse las pautas de actuación ante la nueva situación epidemiológica, la circulación de nuevas variantes del SARS-CoV-2 y los conocimientos sobre la enfermedad, con una normalidad asistencial y una relajación de las medidas de actuación ante los nuevos casos infección COVID19, especialmente en el ámbito de Atención Primaria.
En los centros de salud, recalca en esta línea, se continuará atendiendo a pacientes infectados o con elevada sospecha de infección, con independencia de que cumplan criterios de indicación de realización de una prueba diagnóstica. En consecuencia, seguirá siendo fundamental garantizar la seguridad de los profesionales sanitarios y del resto de la población que acude a los mismos.
En este marco, desde la Mesa de Atención Primaria del Icomem solicita a la Dirección general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, que, a través de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, realice las propuestas adecuadas para evitar los problemas en la actuación de los médicos de este primer nivel asistencial.
Propuestas del Icomen
Entre otras, la Mesa propone mantener los circuitos asistenciales de clasificación y atención diferenciada, incluida la valoración y atención clínica no presencial y el uso de equipos de protección para atención a pacientes con clínica de infección respiratoria.
Además, aconsejan que continúen funcionando en los centros los circuitos de realización de pruebas diagnósticas de infección aguda (PCR y test antigénicos rápidos). Y advierten que, aunque se van a realizar menos pruebas de COVID19 según los nuevos criterios, esto no va suponer una reducción de la actividad en la atención a pacientes respiratorios.
Por otro lado, consideran que se carga sobre los profesionales de Atención Primaria la decisión sobre la emisión o no la Incapacidad Temporal (IT) por la indefinición de la Estrategia en la forma de actuar tanto en infectado confirmado, como en casos con alta sospecha.
En este sentido, recuerdan que el profesional del centro de salud el que deba decidir sobre la emisión de la misma por la sintomatología o por el riesgo epidemiológico que las personas infectadas confirmadas o con sospecha de infección suponen para el entorno social y laboral, si no es posible el teletrabajo.
Tampoco se especifica cómo actuar ante los resultados positivos de las pruebas de autodiagnóstico y de nuevo se deja a criterio médico esta decisión, según apuntan.
En la misma línea, consideran que la Estrategia también muestra ciertas incoherencias en materia de protección de los pacientes vulnerables. Por un lado obliga a los profesionales sanitarios y del entorno socio sanitario a mantenerse alejado del puesto de trabajo y solamente incorporarse después de la curación clínica y de un resultado negativo a las pruebas de diagnóstico de infección aguda, situación que no está avalada en la evidencia científica, pero al mismo tiempo parece favorecer que el resto de la población que puede tener también contacto con personal vulnerable a nivel social o laboral o sus cuidadores no profesionales o familiares, se pueda incorporar a su actividad sin problemas para el entorno laboral.
"No se considera entre los grupos de realización obligada de la prueba diagnóstica de infección aguda a los convivientes y cuidadores no profesionales de los pacientes vulnerables, que supondría un riesgo para la salud de estas personas", se explica en el estudio.
En su opinión, tampoco aclara la situación en casos positivos asintomáticos o con síntomas leves de los menores a partir de 6 años que no tienen obligatoriedad de llevar mascarilla, al no especificar si en estos casos la infección por SARs-Cov-2 es causa de exclusión escolar al no poderse garantizar las medidas de prevención. "La aplicación de la nueva normativa en los centros educativos resulta complicada y ambigua", se resalta.
Por último, en el estudio también se apunta la necesidad de no olvidar la mortalidad elevada por COVID19 en el mes de febrero, siendo de las más altas en los últimos meses.
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