Solicitantes del bono del alquiler joven, ayuda de 250 euros mensuales estatal para menores de 35 años, se concentran este sábado, a las 12.00 horas, en la puerta del Sol contra la "gestión desastrosa" de la Comunidad de Madrid y por "unos alquileres dignos y estables".
Fue en septiembre de 2022 cuando la Comunidad de Madrid abrió la convocatoria de estas ayudas estatales. Los madrileños que reunían las características exigidas podían optar a esta subvención, que se concede por un plazo de dos años, hasta un máximo de 6.000 euros, repartida en 24 mensualidades.
Sin embargo, muchos jóvenes comenzaron a reclamar que no habían recibido el dinero un año después de la convocatoria. Ante esta situación, cientos de solicitantes se reunieron en la Plataforma de Afectados por el Bono Joven Alquiler en la Comunidad de Madrid, para pedir "soluciones y mejoras en la gestión".
Desde la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras detallaron el pasado mes de septiembre que los solicitantes de los tres primeros listados habían recibido la cantidad correspondiente a 2022, mientras que otras dos listas se encontraban remitidas a intervención. Su objetivo era entregar a todos los beneficiarios la ayuda antes del mes de octubre.
"El dinero del Gobierno central no llegó a la Comunidad hasta junio del año 2022, a pesar de que anunciaron el bono en diciembre del año 2021. Creemos que es una medida insuficiente, porque hay 51.000 solicitudes y la dotación económica del Gobierno sólo alcanza para 11.000, lo que representa menos del 1% de la población joven en la región", defendieron desde el Gobierno regional.
Pagados 7.000, de 11.500 bonos aprobados
Actualmente, la Comunidad de Madrid ha concedido 11.477 bonos de alquiler joven y ha pagado o propuesto el pago de 7.107 expedientes correspondientes al ejercicio de 2022, con un presupuesto de más de 15,7 millones, según desgranó este jueves el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, en la Asamblea de Madrid.
Por su parte, la directora general de Vivienda, María José Piccio, detalló este viernes, durante la comisión de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, que más de 3.600 solicitantes del bono alquiler joven no habían recibido aún la ayuda del Gobierno central, por lo que tienen un plazo de diez días para presentar "toda la documentación requerida".
"Nosotros trasladamos hace unas semanas que se iba a pagar a todos aquellos que tuvieran la documentación completa y correcta antes de octubre. Quedan pendientes 3.600 solicitudes. Una vez que se complete toda la documentación, se procederá al pago de todos aquellos que faltan", aseguró.
Piccio defendió que a la Comunidad de Madrid "le gustaría" poder tramitar las subvenciones en menos tiempo, pero señaló que los plazos "son los impuestos por la legislación". Asimismo, subrayó que "están trabajando para tratar de concederlas en el plazo previsto".
"Vivimos en un limbo"
Tras no recibir la cantidad correspondiente a 2022, la plataforma se ha unido con el Sindicato de Inquilinas de Madrid para exigir, este sábado 4 de noviembre, "medidas contundentes contra la escalada de precios en la región" y para criticar "la nefasta gestión de esta ayuda".
"Es insostenible pagar un alquiler 800 euros en un estudio de 40 metros cuadrados. Muchos pedimos este bono, porque nos ayudaba, pero apenas hemos recibido información y vivimos en un limbo. No te dan ganas de volver a solicitar una subvención", ha explicado Noelia Domínguez, una de las portavoces de la plataforma.
Domínguez ha detallado también que los solicitantes han escrito una carta al consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, y que se la entregarán "en los próximos días" para "exigir la ejecución formal de las subvenciones correspondientes de 2022 y 2023".
"Durante todo el proceso, la administración no ha sido transparente con los ciudadanos sobre el estado de la tramitación de los procedimientos y la información facilitada no ha sido clara en lo relativo a los plazos de los bonos", señalan en la carta.
Tanto la plataforma como el Sindicato de Inquilinas de Madrid han señalado que los jóvenes "están hartos de no poder emanciparse, de no llegar a fin de mes y de ver cómo sus salarios valen cada vez menos".
"Creemos que se debería hacer uso de las herramientas que pone a su disposición la Ley estatal de Vivienda y regular el precio de los alquileres y declarando zonas tensionadas. Así tendremos un modelo que proteja la vivienda como un derecho", han defendido.
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