El Ayuntamiento de Madrid ha impuesto 3.676 sanciones a los tuk tuk, en 2026, por incumplir el Reglamento de Circulación, principalmente por estacionamiento indebido. El Consistorio sigue trabajando en una futura instrucción municipal.
El Ayuntamiento de Madrid sigue trabajando en una futura instrucción dentro de sus competencias, pero mientras tanto, ha impuesto 3.676 sanciones a los tuk tuk, ha cifrado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, en la comisión del ramo,.
La concejala de Más Madrid, Esther Gómez, ha parafraseado al alcalde, José Luis Martínez Almeida, al abordar la situación de estos vehículos que están circulando por Madrid sin regulación alguna, "utilizando el estacionamiento que no les corresponde", cuando "no son una forma de transporte".
Carabante no ha obviado la "complejidad del marco normativo, donde existen competencias que ejerce la Administración del Estado, otras que tiene la Comunidad de Madrid y que, en el caso del Ayuntamiento de Madrid, se regula a través de las ordenanzas". "Nosotros lo que tenemos que hacer es aplicar y controlar el reglamento de circulación", ha resumido, tras apostillar que agentes de movilidad, del Servicio de Estacinamiento Regulado (SER) y Policía Municipal "vigilan el escrupuloso cumplimiento del Reglamento de Circulación".
La edil de Más Madrid ha puesto sobre la mesa que los tuk tuk no están amparados por marco normativo alguno, para recordar que Almeida señaló la vuelta del verano como la fecha en la que estaría aprobada la instrucción comprometida. "Pero, dos años han pasado desde las primeras declaraciones de Almeida y no han hecho nada", ha criticado Esther Gómez.
La concejala ha rechazado el uso del espacio público que se viene haciendo "para realizar una actividad económica que le sale gratis ya que no se les aplica ningún tipo de tributo municipal y, mientras, afectan a la movilidad de la ciudad". "Incluso, en muchas ocasiones, se usa como un medio de traslado de viajeros, algo completamente ilegal y que entra, además, en una competencia desleal con un servicio regulado como es el taxi", ha advertido.
Desde Más Madrid perciben que Carabante está "echando balones fuera" al decir que no hay normativa estatal y, por lo tanto, no pueden intervenir. "Curiosamente, eso no ha sido un problema para que otros ayuntamientos gobernados por el PP, como es el caso de Sevilla y Zaragoza, actúen" reclamando un permiso municipal. Alicante, también gobernada por los 'populares', "restringe el acceso de este tipo de vehículos a toda su zona de baja de emisiones, lo cual, de facto, significa acabar con ellos".
"La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que dio la razón al Ayuntamiento de Alicante cuando los operadores de estos servicios denunciaron la situación, les ha dejado un rastro de miguitas de pan que sólo tienen ustedes que seguir y regular", ha afirmado Gómez.
Carabante ha defendido que se actúa en el marco de las competencias municipales y que la instrucción avanzada por Almeida no tendrá carácter normativo, puesto que las competencias legislativas las sostiene tanto la Comunidad de Madrid como el Estado.
Vigilancia y sanciones
"Lo que hemos hecho es ejercer las competencias en la vigilancia del cumplimiento del Reglamento de Circulación y por eso se han hecho campañas específicas con agentes de movilidad y con Policía Municipal. También modificamos la normativa para que los agentes y controladores del SER puedan sancionar estas actuaciones incívicas, que se producían como consecuencia del incumplimiento del Reglamento de Circulación", ha detallado.
En lo que va de 2026, el Ayuntamiento ha impuesto 3.676 sanciones, "no por el ejercicio de esta actividad, sino por el incumplimiento del Reglamento, es decir, por mal estacionamiento, especialmente en el entorno del Palacio Real y del Mercado de San Miguel, que es donde se produce una mayor afluencia", como consecuencia también de ser un punto estratégico desde el punto de vista turístico.
"Hemos actuado en el ejercicio de nuestras competencias, ante la ausencia de una normativa estatal que permitiera regular esta actividad de una manera distinta, porque no se trata de un vehículo, no se trata de un VTC y, por tanto, no está bajo el paraguas normativo del Reglamento" de Circulación, ha aclarado.
Carabante ha abogado por una regulación que marcara una homogeneidad en todo el territorio nacional, para que "ni Alicante, ni Valencia, ni Sevilla, ni Madrid, ni Bilbao, ni Barcelona tuviera una normativa propia y exclusiva sino que tuviera un paraguas" para todos.
"Ojalá a partir del 29 de noviembre se pueda modificar el Reglamento de Circulación con una mayoría distinta a la que hay actualmente y se pueda establecer una regulación a nivel estatal, que permita a los ayuntamientos también un mayor ejercicio competencial en ese tema", ha deseado.