La modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, en vigor desde este jueves, fortalece a las comunidades frente a viviendas turísticas ilegales, contra las que el ministro Bustinduy estima que no se está actuando con contundencia en Madrid.
Este jueves, 3 de abril, ha entrado en vigor la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal que permitirá a las comunidades de vecinos defenderse con mayores garantías ante las viviendas de uso turístico. Representantes de FRAVM y la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV) han mantenido una reunión con el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, para abordar esta problemática.
El ministro Bustinduy se ha mostrado crítico con el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que parece que "no piense hacer nada" con los pisos turísticos ilegales que hay en la capital y ha vuelto a ofrecer una reunión para "poder explicarles los pasos que tienen que seguir".
Así lo ha manifestado tras reunirse con las entidades veecinales, para esta problemática. "Hace un año, se denunciaron 10.000 viviendas de uso turístico (VUT) y el Consistorio no hizo nada. Ahora hay más de 15.000 y la respuesta del señor Almeida ha sido decir que no piensa hacer nada y poner una serie de excusas", ha lamentado.
Bustinduy ha reiterado la disposición del Ministerio de Consumo para reunirse con el Ayuntamiento de Madrid y explicarles "cómo pueden hacer para acabar con los pisos turísticos ilegales". Ha puesto de ejemplo que la ex alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, "consiguió retirar más de 7.000 anuncios de pisos turísticos ilegales e impuso más de 9.000 sanciones".
"Hay instituciones y administraciones de todo signo político, también del PP, que están actuando para retirar los anuncios de los pisos turísticos ilegales, para poner en marcha los mecanismos de inspección y de sanción y para devolver esas viviendas turísticas ilegales al mercado del alquiler y que puedan dedicarse a que vivan las familias en ellas", ha remarcado.
Por ello, el ministro ha subrayado que "no puede ser" que el Consistorio "responda que no va a hacer nada" y ha advertido que "esta actitud e inacción encubre la ilegalidad y perpetúa un modelo que está cercenando el derecho a la vivienda" de los madrileños.
"Es falso que no tenga las competencias, estamos hablando de violaciones flagrantes de la normativa municipal y el propio Ayuntamiento ha reconocido que más del 90% de las viviendas turísticas que hay en la ciudad son ilegales. Lo que no es aceptable es no hacer nada, que es lo que el señor Almeida se vanagloria de llevar haciendo desde hace seis años en la ciudad", ha recalcado.
Contra la "Ley de la selva"
Bustinduy ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para denunciar cuando esté en una situación en la que "se están vulnerando sus derechos, como las cláusulas abusivas", y ha insistido en que "no se puede normalizar la 'ley de la selva' en el mercado de la vivienda".
"Hay que defender los derechos de los consumidores. El Ministerio de Consumo ha abierto, recientemente, un expediente a una inmobiliaria por presuntas prácticas abusivas. Tenemos más investigaciones en curso y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para asegurar que la ley se cumple y que haya una tolerancia cero con las prácticas abusivas y con los pisos turísticos ilegales en España", ha manifestado.
El ministro ha asegurado que la Ley de Vivienda que ha empezado a aplicarse en Cataluña "arroja, en principio, resultados positivos" y ha indicado que "algunos operadores económicos" están optando el mercado de la vivienda para "obtener beneficios obscenos" y "sortear" la regulación de los topes de los alquileres, "recurriendo de manera fraudulenta a la utilización de contratos de temporada".
El movimiento vecinal "consigue resultados"
Asimismo, Bustinduy ha destacado la entrada en vigor de la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal y ha asegurado que es "una victoria" del movimiento vecinal frente al "modelo de la especulación y de los pisos turísticos".
"Esto demuestra que la movilización social funciona y consigue resultados. Sólo la movilización social puede hacer que revirtamos este modelo basado en la especulación y en la persecución de un beneficio, de un lucro obsceno a costa del derecho de las familias en España a tener una vivienda digna", ha defendido.
Por su parte, Nacarino ha subrayado que es una propuesta que, "después de mucho trabajo y a través también de la movilización social", se ha conseguido que se ponga en marcha. Ha pedido a las administraciones que "se impliquen para trabajar con la sociedad civil en la solución a estos problemas".
"Ahora hace falta que el Ayuntamiento de Madrid, que es quien tiene la competencia tanto en disciplina urbanística como a través de la Agencia de Actividades, ponga todos los medios para activar la inspección y acabe con la con la vivienda de uso turístico ilegal y con un fenómeno que debería preocuparnos a todos", ha remarcado.
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