El coste de la crianza en España se sitúa en un promedio mensual de 758 euros por hijo en 2024, un 13% en comparación con 2022, según el estudio realizado por la ONG Save the Children.
El incremento de los gastos en los hogares, sobre todo en vivienda y alimentos, ha disparado el coste de criar a un hijo hasta los 758 euros al mes, un 13 % más que hace dos años cuando eran 654 euros, según el informe ‘El Coste de la Crianza en España 2024’ recientemente publicado por Save the Children.
Una de cada dos familias con hijos deben destinar más de la mitad de su renta a gastos relacionados con la vivienda, la educación, los alimentos, la salud o el ocio, entre otros, mientras aumenta un 70% el riesgo de pobreza en los hogares con menores.
Cataluña, la comunidad más cara
Cataluña es la comunidad más cara para la crianza, con un coste medio de 938 euros mensuales; la más barata, Andalucía, con 722 euros al mes.
Las demás comunidades autónomas analizadas también presentan costes mensuales mayores a la media nacional: Comunitat Valenciana, 839 euros; Euskadi, 866 euros, y Comunidad de Madrid, 896 euros.
"Criar es caro, lo que influye en la decisión de tener un hijo" en España, donde nacen 1,16 hijos por mujer, la tasa más baja de toda Europa, remarca este estudio, que calcula el gasto que deben enfrentar las familias en las distintas etapas de la vida de sus hijos.
El análisis recuerda que el 20% de las mujeres mayores de 40 años con hijos o hijas habrían querido tener más, y de las que no han sido madres, casi la mitad lo hubieran deseado, según la Encuesta de Fecundidad, Familia e Infancia, publicada en septiembre de 2024 por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
La vivienda, gasto clave
El cálculo del coste de la crianza realizado por la entidad de defensa de la infancia ha evolucionado desde los 587 en 2018 (antes de la pandemia) y 672 euros en 2022, a 758 euros, en 2024.
Las familias con niños afrontan una inflación específica superior a la media, que se denomina 'inflación de la crianza', situada entre 37% y el 51%.
Pero, los hogares con menores han sufrido, principalmente, el impacto de la subida de los gastos de alimentación (el 26% en dos años) y de la vivienda y sus suministros (el 63% desde 2022), que suponen cuatro de cada diez euros.
Save the Children señala que el 43% de los niños y niñas viven en hogares con serias dificultades para afrontar gastos imprevistos, un aumento de cuatro puntos porcentuales respecto a 2022.
"La crianza representa una carga económica considerable para las familias, especialmente en la adolescencia, y se ha convertido en un factor de riesgo significativo de pobreza", asegura Andrés Conde, director general de la entidad.
El coste por edades
Los gastos varían según las edades de los menores. Hasta los tres años, es de 609 euros, copado principalmente por los gastos de conciliación –como escuelas infantiles–, vivienda –adaptar espacios– y alimentación.
De los cuatro a los seis años, sube a los 692 euros; de los 13 a los 17, el coste mensual es de 807 euros, y alcanza la cifra máxima, de siete a los 12 años, con 812 euros.
Las etapas cercanas a la adolescencia y hasta la mayoría de edad acumulan los mayores gastos, por cambios en habitaciones o la compra superior de alimentos, pese a que se deja de comprar juguetes, aunque no dispositivos tecnológicos.
"El pescado fresco es muy caro"
La cifra de pobreza para hogares monomarentales es especialmente preocupante: la mitad de los 530.000 hogares de este tipo están en riesgo de pobreza.
Como el que forman Inma y su hijo de 12 años: "Compramos menos cosas cada vez. Pescado, pocas veces, porque normalmente terminamos yendo a coger la misma bolsa de congelados. El fresco es demasiado caro para estar comprándolo con una frecuencia más o menos normal".
El de Inma es uno de los testimonios reales que ponen rostro a las cifras del estudio. Su hijo va a un instituto con aulas TEA (Trastorno del Espectro Autista): "No le puedo pagar terapias, se las hago yo en casa, pero le hago lo que puedo como madre, porque como no soy su terapeuta, no lo puedo tratar", cuenta.
Reforzar las políticas públicas
El estudio concluye con una llamada a reforzar las políticas públicas de apoyo a la crianza, como la implementación de una prestación extendida por hijo o hija a cargo.
La creación de una prestación de carácter universal o casi universal destinada a la crianza sería un paso fundamental para reducir la desigualdad entre las familias. Esta medida ayudaría a las familias con una parte de los costes de crianza, eliminando barreras burocráticas y proporcionando un apoyo continuo, especialmente para aquellas con menos recursos.
“Los próximos Presupuestos Generales del Estado son una oportunidad para comenzar a avanzar en la creación de esta prestación, que cuenta con un alto grado de consenso entre las fuerzas políticas”, considera Conde.
Además, Save the Children propone rediseñar y revalorar el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), con el objetivo de mejorar esa ayuda para apoyar mejor a las familias con niños y niñas mayores, especialmente adolescentes. Un ajuste en el valor del CAPI para estos hogares permitiría cubrir una mayor proporción de los gastos derivados de la alimentación, educación y otros servicios necesarios para un desarrollo adecuado.
El conjunto de prestaciones contributivas y no contributivas se actualizan periódicamente en función de voluntades políticas, lo que comporta un riesgo evidente de que sean partidas no priorizadas y congeladas ante shocks económicos.
Cuando las prestaciones de distintos niveles administrativos se actualizan, a menudo lo hacen de acuerdo con diferentes indicadores, como el IPREM o el IPC general. Por ello, Save the Children también pide que el diseño de políticas de apoyo a la crianza eficaces tenga en cuenta dinámicas de futuro que garanticen su suficiencia y eficacia en cualquier contexto, al margen de voluntades políticas.
En el caso particular de las transferencias ligadas a la crianza, al afrontar las familias con niñas o niños una inflación específica y estructuralmente mayor que la inflación general, este indicador debería estar institucionalizado, es decir, que se cree un índice de precios de la crianza que asegure que la compensación por los sobrecostes de la crianza sea en todo momento suficiente para lograr su propósito.
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