El TSJM estima en tres sentencias diferentes la omisión de trámites en la elaboración y aprobación del marco legal que establece el desarrollo de Madrid Central, la ordenanza de Movilidad Sostenible aprobada por el Ayuntamiento en octubre de 2018. Estas resoluciones, en caso de convertirse en sentencia firme, supondrían el decaimiento de las multas impuestas durante su periodo de vigencia, cerca de 800.000. Sin embargo, el Ayuntamiento ha señalado que mientras la sentencia no sea firme siguen aplicándose las sanciones.
Los magistrados del alto tribunal madrileño anulan por “defectos formales” esta ordenanza, tales como omitir el trámite de información pública, que se considera “esencial, preceptivo e indispensable”, por lo que quedan anulados los artículos 21 a 25 de dicha norma, tal como denunció en su día la Comunidad de Madrid.
Por otra parte, el tribunal también acepta parcialmente la reclamación del Grupo Municipal Popular, y anula el artículo 23, al considerar que falta la “imprescindible” memoria económica previa a la aprobación de la ordenanza. Aunque los magistrados reconocen que la regulación de Madrid Central “no conlleva reconocimiento de obligación económica alguna”, luego admite sin embargo que su puesta en práctica sí conlleva “la disposición de gastos públicos”.
“La memoria no contiene ni la más mínima referencia al coste económico que para las arcas municipales puede ocasiona la puesta en marcha e implantación de la Zona de Bajas Emisiones de Madrid Central, la única referencia que se contiene se relaciona con el impacto que puede tener en relación con las concesiones sobre aparcamientos públicos negando toda posible afectación negativa”, señala el auto.
El TSJM entiende que era “evidente” que habría costes “económicos inevitables” que justifican la necesidad de esa memoria, y que la entonces la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, de Ahora Madrid, cifró en 11,7 millones hasta 2025. La demanda de la asociación DVuelta iba en ese mismo sentido.
Por otra parte, la Comunidad de Madrid también denunció que en la ordenanza no se delimita con exactitud el perímetro de Madrid Central, sino que se habla de una futura área de acceso restringido, que habría de determinarse en Junta de Gobierno. Por eso, alegan que “no se ha cumplimentado en debida forma el trámite de información pública”, hurtándose a los ciudadanos la posibilidad de formular alegaciones.
Reacciones
Las reacciones no se han hecho esperar. Más Madrid, que considera que ésta es “una muy mala noticia para la salud de la ciudadanía”, ya ha pedido al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que deje de lado “sus posiciones particulares y partidarias” y recurra la sentencia, demostrando que es “el alcalde de todos los madrileños”.
La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, se ha preguntado qué van a hacer ahora Almeida y Begoña Villacís “para que en septiembre la ciudad no esté completamente atufada por los humos de los coches, para que la vuelta al cole no implique más contaminación y menos salud”.
Por su parte, la concejala Esther Gómez ha recordado que los estudios científicos relacionan mayor letalidad y virulencia del Covid en ciudades contaminadas, por lo que “no tendríamos que estar hablando de la suspensión o anulación de Madrid Central, sino de cómo se va a ampliar a otras zonas de la ciudad”. La edil de Más Madrid ha recordado que en los Pactos de la Villa ni el Partido Popular ni Vox han querido hablar de esto, “esperamos que el alcalde no se vuelva a comportar de manera partidista como en el caso de los fondos buitre de Ana Botella, y haga un recurso de casación para defender la salud de toda la población”.
Mientras, Inés Sabanés, delegada del área de Medio Ambiente y Movilidad la legislatura anterior y actualmente diputada y coportavoz de Equo en el Congreso, ha señalado en sus redes sociales que "Madrid Central funciona y su irresponsablidad es infinita", refiriéndose al Partido Popular, a quienes señala que "ahora tienen que decidir defender la salud pública o intereses particulares, y dar cuentas de los resultados de Madrid Central".
Desde el PSOE, Alfredo González ha destacado que “no podemos compartir que por defectos de forma se ponga en peligro la salud de los madrileños”. También ha achacado esta sentencia a la “irresponsabilidad del PP en la Comunidad y el Ayuntamiento, que lleva dos años haciendo de una cuestión ambiental un asunto ideológico y político”. González, que también ha pedido que se recurra la sentencia en casación y se pida su suspensión cautelar “para que Madrid Central siga en vigor y no se cree un problema de salud pública”, ha destacado que “ahora es cuando vamos a ver si Almeida es el alcalde de todos o el hooligan insensato que era antes de la crisis sanitaria”.
Lo cierto es que hace justo un año, un juzgado paralizó cautelarmente la moratoria de multas en Madrid Central que impulsó el equipo de gobierno del PP y Cs nada más tomar posesión en el nuevo Consistorio, alegando que prevalecía preservar la salud y el medio ambiente. La medida había desatado protestas y reclamaciones entre los madrileños, organizados en la Plataforma en Defensa de Madrid Central.
Ecologistas también han recordado que el consistorio debe cumplir las reducciones de niveles máximos de NO2 que exige la Unión Europea desde 2008, y por las que ya ha estado a punto de ser sancionado.
Si (
No(