Los afectados por el Plan 18.000 exigen al Ayuntamiento de Madrid una solución en forma de "pliego consensuado"

Una representación de los aproximadamente 10.000 afectados se reunirá con Carabante el próximo 12 de diciembre. Según afirma la asociación en un comunicado, el pasado mes de enero consiguieron "frenar el pliego municipal" en el que se les comunicaba que le precio en el que el Ayuntamiento valoraba el suelo de sus viviendas se multiplicaba por hasta ocho veces frente al de la anterior oferta.

La plataforma ha indicado que han visto como el suelo de sus viviendas "pasaba de ser vendido por 20.000 o 30.000 euros a multiplicarse en muchos casos hasta por ocho veces, hasta los 150.000 y los 240.000 euros por el suelo de casas de más de 30 años de antigüedad, que empiezan a necesitar reparaciones estructurales".

"Muchas personas, ya jubiladas, terminaron de pagar sus hipotecas hace unos años y por su edad no serían capaces de lograr una hipoteca de nuevo. Otras, han comprado de segunda mano hace poco tiempo y es imposible que pueden añadir esa carga a su actual hipoteca", han señalado.

"El Ayuntamiento no nos vende las viviendas, nos vende el suelo bajo el que están edificadas, porque las viviendas son nuestras, las pagamos nosotros", han afirmado en diferentes ocasiones los propietarios superficiarios.

Precios de mercado libre

La publicación por parte del Ayuntamiento de Madrid del pliego de enero de 2023 "con precios de mercado libre" puso en alerta a los vecinos, haciéndoles pensar que el Ayuntamiento "pudo no actuar de buena fe, al dejar transcurrir el tiempo para que sus viviendas perdieran la protección".

Para defender sus derechos, interpusieron 247 recursos contenciosos en el juzgado y consiguieron que el Ayuntamiento retirara el pliego, se comprometiera a encontrar una solución consensuada con los vecinos afectados e iniciara una negociación con la asociación.

En la primera reunión de la mesa negociadora, el pasado 3 de mayo, la asociación ha manifestado que hicieron "concesiones muy significativas, en aras de alcanzar un acuerdo y trasladó al Ayuntamiento una propuesta jurídicamente argumentada que resolvería el conflicto".

Los afectados reclaman "un pliego consensuado entre ambas partes, eliminando así el riesgo de clausulas abusivas". Buscan "que se resuelva definitivamente este problema histórico, sin tener que acudir de nuevo a los tribunales".

Qué es el Plan 18.000

El Plan 18.000 toma su nombre de un programa del Ayuntamiento de la capital de los años 90 para construir viviendas protegidas en terreno público, de modo que los ciudadanos únicamente adquirían un derecho de superficie durante unos años, no la plena propiedad.

Entre 1984 y 1997, el Consistorio de la capital puso en el mercado parcelas pertenecientes al patrimonio municipal destinadas a la construcción de viviendas de Protección Oficial en régimen de cooperativa. Se hizo mediante la constitución de derechos de superficie con carácter gratuito durante 75 años a favor de los adjudicatarios, entre las que se encuentran el Plan 18.000.

Eran viviendas de protección oficial de promoción privada y de régimen general o especial. Desde el principio, algunos de los superficiarios solicitaron adquirir la plena propiedad de sus viviendas mediante la compra de la cuota de suelo que les correspondiera de las viviendas, locales comerciales, anejos y garajes, en la misma proporción a las cuotas que dichos inmuebles tienen asignados en los elementos comunes que integran cada uno de los edificios construidos en las parcelas municipales cedidas en derecho de superficie.

Primero en 1992 y luego en 2009, el Ayuntamiento ofreció a los adjudicatarios la posibilidad de comprar la parte proporcional del suelo que les correspondía en la división horizontal. El Pliego de Condiciones Económico-Administrativas del 24 de noviembre de 2009, que regía la enajenación directa y onerosa, fue prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2012.

Ya en mayo de 2013, con Ana Botella en la Alcaldía, se aprobó un nuevo Pliego General de Pactos y Condiciones Económico-Administrativas, que estuvo vigente hasta el 30 de enero de 2018, con Manuela Carmena al frente.

Debido al interés de los superficiarios en adquirir su cuota de suelo para consolidar su plena propiedad, el pasado 26 de enero se aprobó un nuevo pliego "pero cumpliendo el acuerdo del Pleno" que incorporaba la medida consensuada en los Pactos de la Villa y propuesta por la oposición, que establece que "ningún suelo ni vivienda destinados a protección pública podrán ser enajenados en ningún caso por el Ayuntamiento de Madrid, quedando como patrimonio y titularidad de todos los madrileños", apuntaba meses atrás el entonces delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes.

Esto supone que el Ayuntamiento "no puede vender en este programa suelos destinados a protección pública, sólo los calificados como libres y a precio de mercado", mientras que los superficiarios del Plan 18.000 "consideran que es un agravio comparativo con respecto al resto, al haberlo podido comprar con la calificación de suelo protegido, con una valoración bien distinta y no libre, tal y como es condición obligatoria si se quiere cumplir con lo acordado en los Pactos de la Villa".