Madrid ha vivido una revolución en movilidad urbana con el auge de vehículos de movilidad personal (VMP), que plantea retos legales y de seguridad vial. Para el autor de este artículo, Javier Guerrero, se requieren reformas urgentes para garantizar una convivencia segura.
En los últimos años, Madrid ha experimentado una auténtica revolución en la movilidad urbana. La creciente preocupación medioambiental, sumada al impulso institucional de alternativas sostenibles al vehículo privado, ha propiciado la expansión acelerada de los llamados vehículos de movilidad personal (VMP), entre los que destacan los patinetes eléctricos.
Estos medios de transporte, que se ofrecen como solución ágil y ecológica, plantean, sin embargo, retos jurídicos, de seguridad vial y de convivencia urbana sin precedentes.
El fenómeno, lejos de ser una moda pasajera, representa una transformación estructural de los hábitos de desplazamiento en la ciudad, con implicaciones directas en la regulación legal, la responsabilidad civil y la protección de los derechos de peatones, conductores y usuarios de VMP.
Un fenómeno urbano imparable
Según datos del Ayuntamiento de Madrid, más de 25.000 patinetes eléctricos circulan diariamente por las calles de la capital. El incremento de su uso ha sido del 120% en los últimos tres años, y se estima que, en 2025, uno de cada cinco desplazamientos urbanos de menos de 5 km se realizará en VMP.
Sin embargo, este auge ha venido acompañado de un aumento significativo de siniestralidad. Sólo en 2024, se han registrado más de 1.500 accidentes con implicación de VMP en Madrid, de los cuales 800 han producido lesiones y en tres casos, fallecimientos. Estas cifras, recogidas por la Policía Municipal y la DGT, reflejan una realidad preocupante: la falta de preparación normativa para afrontar esta nueva movilidad.
¿Normativa suficiente o vacíos legales?
En el ámbito estatal, la regulación de los VMP ha sido abordada de forma parcial por la Instrucción 2019/S-149 TV-108 de la DGT, que define el VMP como “vehículo de una o más ruedas, dotado de una única plaza y propulsado exclusivamente por motores eléctricos”. No obstante, no existe hasta la fecha una Ley específica que establezca un marco normativo integral.
Madrid, como muchas otras ciudades, ha aprobado su propia Ordenanza de Movilidad Sostenible, que establece normas básicas de circulación para los VMP, entre ellas:
– Prohibición de circular por aceras.
– Obligación de uso del casco para menores.
– Zonas habilitadas para estacionamiento.
– Límite de velocidad de 25 km/h.
Pese a ello, se mantienen vacíos legales relevantes, especialmente en materia de seguro obligatorio y responsabilidad civil, lo que ha generado inseguridad jurídica tanto para los usuarios de VMP como para las víctimas de accidentes.
Responsabilidad civil y accidentes: ¿quién paga los daños?
Uno de los mayores retos legales que plantea el uso masivo de VMP es la ausencia de seguro obligatorio. A diferencia de los vehículos a motor, que deben contar con una póliza que cubra daños a terceros (LRCSCVM), los VMP no están sujetos, por ahora, a esta obligación. Esto implica que, en caso de accidente, el usuario responde con su propio patrimonio, salvo que haya contratado voluntariamente un seguro.
Este vacío ha provocado situaciones dramáticas. Un ejemplo reciente en Madrid: un peatón atropellado por un patinete sufrió lesiones graves con secuelas permanentes. El conductor, menor de edad y sin seguro, no pudo hacer frente a la indemnización de más de 50.000 euros, quedando la víctima desamparada. Sólo tras años de litigio pudo obtener una indemnización parcial mediante la responsabilidad subsidiaria de los padres.
Los tribunales están empezando a adaptar el régimen de responsabilidad a esta nueva realidad. La Audiencia Provincial de Madrid ha dictado varias sentencias (2023-2024) que aplican responsabilidad por riesgo al conductor de VMP, una doctrina que se emplea tradicionalmente para vehículos a motor, pero que podría extenderse por analogía, dado el peligro que estos vehículos representan.
No obstante, esta vía jurídica es lenta y costosa, y deja sin protección a muchas víctimas, por lo que se hace urgente una reforma legal estatal que imponga el seguro obligatorio para todos los VMP, medida que ya se estudia para 2025, según anuncia la DGT.
Convivencia urbana y conflictos
El auge de los VMP ha generado tensión en el espacio urbano. Numerosos colectivos, como asociaciones de vecinos y de personas con movilidad reducida, han denunciado la ocupación indebida de aceras, estacionamientos desordenados y accidentes frecuentes con peatones.
Madrid ha incrementado la presencia policial y las sanciones, pero la falta de conciencia de muchos usuarios sigue siendo una problemática central.
Además, los ciclistas se enfrentan a una competencia desleal en los carriles bici, donde los patinetes circulan a gran velocidad, muchas veces sin respetar la normativa, generando riesgos evidentes de colisión.
Propuestas para un futuro seguro y legalmente sólido
Desde el ámbito jurídico y social, se reclaman una serie de medidas urgentes para garantizar una movilidad segura y justa:
– Implantación inmediata del seguro obligatorio para VMP a nivel estatal.
– Registro municipal de VMP privados, para facilitar su identificación.
– Campañas de educación vial específicas, dirigidas a usuarios de VMP.
– Mayor control policial y sanciones efectivas.
– Adaptación del Baremo de Tráfico a las particularidades de los accidentes con VMP.
Protección de la víctima
Ante un accidente con VMP, la víctima se enfrenta a una reclamación compleja, sin aseguradora que cubra daños, sin atestado en muchos casos y con dificultades probatorias. Por ello, el asesoramiento jurídico especializado se convierte en la única vía para obtener justicia.
En Guerrero & Asociados, Abogados se han tramitado con éxito numerosas reclamaciones contra usuarios de VMP, logrando indemnizaciones mediante acciones civiles directas y responsabilidad subsidiaria.
Siendo el auge de los VMP en Madrid es un fenómeno irreversible que exige una respuesta legal a la altura del desafío social y urbano que representa. La seguridad vial, la protección del peatón y la justicia para las víctimas no pueden quedar al margen de esta transformación. Sólo mediante una normativa clara, responsabilidad asegurada y compromiso institucional, Madrid podrá liderar una movilidad moderna, segura y justa para todos.
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