La FRAVM critica la propuesta de la Comunidad para incrementar los precios de las viviendas con protección pública

"Aunque es necesaria una actualización de los precios, creemos que no se ajusta en modo alguno a la que plantea el Gobierno regional, puesto que el aumento resulta desmesurado e incurre en dislates como situar el precio del metro cuadrado de la vivienda con protección por encima del precio de mercado del metro cuadrado de la vivienda libre", ha aseverado la FRAVM.

Asimismo, ha alertado que, entre la documentación de la revisión de precios publicada en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid, "no existe ningún estudio que avale los precios propuestos por la Consejería".

"Si se aplican, se dificultará el acceso a la vivienda con protección a las familias de bajos ingresos, obligándolas a asumir 'tasas de esfuerzo' (coste de la hipoteca o de la renta de alquiler, más los suministros, sobre los ingresos netos) muy superiores al 30%, el umbral que se considera el tope máximo deseable", ha subrayado.

En este sentido, la FRAVM ha pedido un aumento de la promoción directa de viviendas sociales en alquiler en la región y los municipios. Asimismo, ha exigido que la Comunidad de Madrid y las administraciones municipales "incentiven la construcción en los suelos urbanizables calificados para la construcción de viviendas con protección".

Por otro lado, ha solicitado impulsar la promoción de viviendas protegidas, "haciéndolas atractivas para los promotores y advierten que los constantes aumentos del precio de la vivienda libre dificultan alcanzar este objetivo".

Las administraciones "deben poner fin a la escalada de precios haciendo uso de las herramientas legales de las que disponen", como la recientemente aprobada Ley por el Derecho a la Vivienda. "Lamentamos la negativa a desarrollarla que han mostrado tanto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida", ha criticado la FRAVM.

Propuesta de la Comunidad

La Comunidad de Madrid ha tramitado una orden para subir los precios máximos de las viviendas con protección pública, con el objetivo de impulsar la edificación de vivienda protegida de nueva construcción y compaginar la existencia de vivienda asequible para los sectores de población con menos recursos con la viabilidad de las promociones.

Según el proyecto de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, se busca actualizar los precios máximos de las viviendas con protección pública y reajustar la zonificación de algunos municipios, como Boadilla del Monte y Tres Cantos, que pasan de la zona B a la zona A.

"Tras más de 15 años, los precios máximos que se fijaron han quedado desfasados por la inflación de costes provocada por la ruptura de las cadenas mundiales de producción y comercialización de materias primas como consecuencia de la COVID19 o los aumentos de precio del petróleo y del gas. Todo ha provocado un descenso en el número de viviendas protegidas iniciadas en la región", justifica el Gobierno autonómico.

Según datos del Ministerio de Transportes, en la Comunidad de Madrid, el número de viviendas calificadas provisionalmente en 2008 fueron 23.514, frente a las 3.224 calificadas en 2022 (1.163 incluido el mes de septiembre, de 2023), lo que supone un 86% menos. Además, las viviendas calificadas definitivamente en 2008 fueron 16.623 frente a las 3.466 calificadas en 2022 (1.539 incluido el mes de septiembre, de 2023), lo que implica un descenso del 80%.

Nuevos precios

El Ejecutivo regional también quiere reajustar la zonificación de algunos municipios, como Boadilla del Monte y Tres Cantos (que pasan de la zona B a la zona A) o San Agustín de Guadalix (de la zona C a la B), atendiendo al precio de venta de la vivienda libre y el nivel de renta media por hogar. Por otro lado, los municipios de la zona D se unificarán con los de la zona C, debido al "impacto" de los costes de construcción.

Así, los precios máximos de venta por metro cuadrado pasarán a 2.450 euros, en la zona A; 2.110 euros, en la zona B y 1.900 euros, en la zona C. Para la protección limitada, subirá 2.820 euros, en la zona A; 2.430 euros, en la zona B y 2.180 euros, en la zona C.

Por lo tanto, la zona A estará formada por los municipios de Alcobendas, Boadilla del Monte, Las Rozas, Madrid, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, San Sebastián de los Reyes y Tres Cantos.

En cuanto a la zona B, estará integrada por Ajalvir, Alcalá de Henares, Alcorcón, Algete, Aranjuez, Arganda del Rey, Arroyomolinos, Brunete, Ciempozuelos, Cobeña, Collado Villalba, Colmenarejo, Colmenar Viejo, Coslada, El Escorial, Fuenlabrada, Fuente el Saz de Jarama, Galapagar, Getafe, Humanes, Leganés, Mejorada del Campo, Moraleja de Enmedio, Móstoles, Navalcarnero, Paracuellos de Jarama, Parla, Pinto, Rivas-Vaciamadrid, San Agustín de Guadalix, San Fernando de Henares, San Lorenzo de El Escorial, San Martín de la Vega, Torrejón de Ardoz, Torrelodones, Valdemoro, Villanueva de la Cañada, Villanueva del Pardillo y Villaviciosa de Odón. La zona C estará formada por el resto de municipios de la región.

Los precios máximos previstos en esta orden se actualizarán a partir del día 1 de enero de 2025, de acuerdo con la variación porcentual experimentada por el índice de precios al consumo en la fecha de la actualización. El borrador, que se encuentra en el Portal de Transparencia, puede tener modificaciones debido a que se pueden emitir alegaciones hasta este jueves 28 de diciembre.