El Tribunal Supremo juzgará al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de revelación de secretos por filtrar un email sobre negociaciones de su pareja. La defensa incluye a la exjefa de la Abogacía del Estado, Consuelo Castro. Seis acusaciones populares piden condenas que van de cuatro a seis años de cárcel.
El Tribunal Supremo (TS) juzgará desde este lunes al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de revelación de secretos por, presuntamente, filtrar a la prensa un 'email' clave sobre las negociaciones de Alberto González Amador –pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso– para pactar con el Ministerio Público, tesis que sostendrán el empresario y seis acusaciones populares, y que rechazarán la Abogacía del Estado, que ejerce la defensa, y Fiscalía.
La abogada del 'procés'
García Ortiz ha estado defendido, desde el inicio de la causa, por la Abogacía del Estado. Se trata de una decisión personal, basada en el convencimiento de que el fiscal general del Estado no podía dar la espalda a quien por ley tiene el encargo de representar a la Administración Pública, según fuentes conocedoras.
Hasta ahora, ha estado representado por José Ignacio Ocio, el mismo abogado del Estado que intervino en el denominado 'caso Nummaria', que acabó con la absolución de Ana Duato por delitos fiscales, y que defiende al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, en el 'caso Begoña Gómez'.
Sin embargo, de cara al juicio se ha reforzado la defensa de García Ortiz con la incorporación de la que fuera jefa de la Abogacía del Estado, Consuelo Castro. Según las fuentes consultadas, se trata de una decisión de los servicios jurídicos del Estado, que tienen por norma estar siempre dos en juicio.
En todo caso, García Ortiz y Castro se conocen de su etapa en Galicia. Precisamente, coincidieron como fiscal y abogada del Estado en el 'caso Prestige'. De esa comunidad autónoma, Castro saltó, en 2018, a la jefatura de la Abogacía del Estado, cargo que ejerció hasta 2024 y desde el que impuso acusar por sedición, y no rebelión, en el juicio del 'procés'. También relevó a Edmundo Bal, entonces jefe de lo Penal de la Abogacía del Estado, alegando pérdida de confianza.
En la trayectoria de Castro destaca, igualmente, su intervención para que el Estado recuperara el control del Pazo de Meirás y de los bienes que alberga, que estaban en manos de la familia del dictador Francisco Franco.
La 'número dos' de la Fiscalía
En esta ocasión, la defensa de García Ortiz contará con el respaldo de la Fiscalía, que sostiene las mismas tesis, aunque lo más habitual es que asuma una actitud acusatoria. En esta causa, el Ministerio Público ha estado representado por la teniente fiscal del TS, María Ángeles Sánchez Conde.
Orgánicamente, Sánchez Conde es la 'número dos' de la Fiscalía, si bien respecto a esta causa García Ortiz se abstuvo expresamente de actuar como lo haría el fiscal general del Estado para evitar cualquier conflicto de interés. El Ministerio Público también se ha reforzado de cara al juicio, incluyendo en el equipo al fiscal superior de Extremadura, Javier Montero.
Fuentes fiscales aseguran que la entrada de Montero se debe a que fue el fiscal que se encargó de la causa cuando estaba en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), por lo que "se la conoce bien".
Además, se da la circunstancia de que, bajo su jefatura, la Fiscalía extremeña pidió el archivo de la causa contra el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, y el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, que se encaminan ya a juicio.
La acusación de perjudicado
Del otro lado del estrado, estarán las acusaciones, entre las que destaca la que ejerce en calidad de perjudicado González Amador, cuya querella precipitó el inicio de las pesquisas en el TSJM. Durante el juicio, estará representado por el abogado Gabriel Ramos.
El empresario pide que García Ortiz sea condenado a cuatro años de cárcel, que se le suspenda tres años de empleo y sueldo, y que sea inhabilitado por un presunto delito de revelación de secretos.
También le reclama una multa de 108.000 euros y otros 300.000 euros en concepto de daños morales, por los "padecimientos" familiares y profesionales que asegura que le ha provocado la difusión de las negociaciones de su defensa para pactar con Fiscalía.
La acusación particular no ha pedido responsabilidad civil subsidiaria del Estado, para que respondiera económicamente si el fiscal general no lo hiciera tras una eventual condena. Según explicó en un escrito, lo hizo "bajo la convicción" de que "el conjunto de los españoles" no deben "responder patrimonialmente de ninguna forma (...) de las actuaciones delictivas protagonizadas por García Ortiz".
Seis acusaciones populares
Esta causa cuenta con seis acusaciones populares, que también estarán representadas mediante sus respectivos abogados en el juicio. Por un lado, están la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) y Manos Limpias, que actúan de forma independiente. Y, por otro, la acusación popular unificada que lidera la Fundación Foro Libertad y Alternativa, y que incluye a Vox y Hazte Oír.
APIF, que contará con dos abogados en el juicio –Juan Antonio Frago y Verónica Suárez–, interesa la condena más alta para García Ortiz. Pide que sea sentenciado a seis años de cárcel y 12 años de inhabilitación por delitos que van más allá de la revelación de secretos, apuntando en concreto a prevaricación. En su caso, no pidió responsabilidad civil "al entender que corresponde en exclusiva a la víctima".
El ICAM, que también tendrá dos abogados en la Sala de lo Penal, plantea que el fiscal general sea condenado por revelación de secretos a cuatro años de cárcel, suspendido de empleo y sueldo durante tres años e inhabilitado, y que pague una multa de 81.000 euros.
Manos Limpias, que estará representada por el letrado Víctor Soriano, solicita igualmente que el Supremo condene por ese delito a García Ortiz a cuatro años de cárcel, le suspenda de empleo y sueldo durante tres años y le imponga el pago de una multa de 216.000 euros.
En cuanto a la acusación popular unificada, Fundación Foro Libertad y Alternativa, Vox y Hazte Oír, aprecian la comisión de un delito de revelación de secretos y otro de prevaricación, que creen que debería traducirse en una condena a cuatro años de cárcel, esos tres años de suspensión y pena de inhabilitación. Esta acusación actuará en el juicio con un único abogado, el designado por dicha fundación.
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