La Comunidad defiende la financiación por objetivos de las universidades públicas, "adaptando el modelo a cada centro"

"Es importante explicar que nunca ha existido un modelo de financiación en las universidades públicas madrileñas", ha explicado el consejero en los Desayunos Madrid de Europa Press, donde ha recordado que se articula a través de unas subvenciones nominativas que se conceden a las universidades públicas madrileñas y que se gestionan por parte de los propios centros atendiendo a sus necesidades.

Considera que ahora, algo en lo que se está trabajando en la que será la nueva ley de universidades a nivel regional, se apostará por "un sistema que hasta ahora no ha existido". "Desde la Consejería, hemos hecho un esfuerzo muy importante de análisis, algo que no se había hecho hasta ahora, porque era muy difícil conseguir toda la información y proceder a un análisis exhaustivo de todos esos datos", ha reivindicado.

Se apuesta, de esta forma, por una financiación básica para el sostenimiento y el funcionamiento regular de las universidades públicas; una financiación por necesidades específicas, que está destinada a proyectos concretos –como nuevas infraestructuras o la reparación o reforma de otras infraestructuras antiguas– y la "gran novedad" de la financiación por objetivos.

"Lo que queremos es poder recoger una serie de objetivos que sean buenos para la Comunidad de Madrid y para los madrileños, pero que también sean buenos para las universidades públicas. Cada universidad pública es distinta, cada una tiene una situación diferente, desde muchos puntos de vista; algunas apuntan más por la investigación, otras apuntan más por la docencia, todo esto, lógicamente, tenemos que verlo con una capa de personalización que permita adaptar esa financiación a cada universidad", ha expresado Viciana.

El Consejero de Educación se ha referido, en concreto, a la Universidad Complutense, que tiene "una situación complicada económicamente". "No vamos a dejar caer a la Universidad Complutense, vamos a estar a su lado, vamos a asistirles y, al mismo tiempo, vamos a seguir trabajando en este nuevo modelo de financiación para que una situación como esta no vuelva a repetirse nunca", ha asegurado.

Colaboración con el mundo empresarial

Sobre la posibilidad de que entidades privadas financien las universidades públicas, el consejero ha señalado que actualmente los presupuestos de las universidades públicas ya cuentan con una parte de financiación importante, en torno a un 30%, que no viene la Comunidad de Madrid, sino "de otras fuentes, que pueden ser tanto públicas como privadas".

"Lo que queremos es fomentar y potenciar que esas fuentes de financiación adicionales a las de la Comunidad de Madrid se puedan seguir utilizando de una forma segura y creativa por parte de las universidades públicas, al mismo tiempo que consideramos que una colaboración con el mundo de la empresa, con el mundo privado por parte de la universidad es muy positivo", ha aseverado.

La ley de universidades, "a finales de año"

Viciana ha estimado que la ley regional de universidades, conocida bajo el nombre de Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC), se aprobará en la Asamblea de Madrid "a finales de este año".

Según ha explicado "los plazos que manejamos implican aprobar la nueva ley a finales de este año, en el último periodo de sesiones, en el mes de diciembre. Lógicamente, esto implica una tramitación acelerada que se inicia en estos momentos y que tenemos que solicitar informes a todas las consejerías y la tramitación interna dentro del Gobierno de la Comunidad de Madrid", ha esgrimido Viciana.

Una vez recabados los informes, se abrirá el trámite de audiencia e información pública, para que el resto de la comunidad universitaria pueda conocer el proyecto y "formular sus propias aportaciones o preguntas", más allá del borrador.

Entre las novedades que podrían incluirse en la nueva ley regional de universidades, el consejero ha estimado "necesaria" la inclusión de un régimen sancionador contra los escraches. "Es algo necesario, sobre todo teniendo en cuenta que existe ya un régimen sancionador regulado en una norma nacional, que es la Ley de Convivencia Universitaria del año 2022, pero que, por algún motivo, en algunos campus y en algunas universidades, parece que no se está aplicando".

"Nosotros no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Es muy importante garantizar el ejercicio de los derechos constitucionales y de las libertades: la libertad de cátedra, la libertad de asociación, la libertad de reunión, la libertad de expresión en los campus", ha defendido Viciana.

Así, se ha mostrado a favor de la manifestación política y de la expresión libre, pero sin permitir que estas actuaciones "impidan el desarrollo normal de la vida universitaria, que se cierren espacios, que se corte la circulación o que no se pueda acceder a las aulas".

Viciana ha explicado que las sanciones concretas "todavía no están cerradas", ya que "depende de muchos factores". "La idea es otorgar una respuesta y un marco normativo que ampare precisamente esas actuaciones", ha añadido.

En Madrid no hay universidades de "escasa calidad"

Por otra parte, el consejero ha defendido este lunes que en la región no hay universidades "de escasa calidad" y ha cargado contra un Gobierno, liderado por Pedro Sánchez, que se ha "echado al monte" con un "ataque" a los centros privados, en el marco de esa ley que quiere impulsar para limitar su creación.

"En realidad, es una gran cortina de humo para tapar otras cosas. Pero, lo cierto es que, lejos de mitigarlo, el Gobierno de Pedro Sánchez se ha echado al monte y ha reforzado ese ataque a la universidad privada. Quizá también una de las cosas más importantes es que no es sólo un ataque a la universidad privada, es un ataque a la Constitución, a la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, y al propio Estado de Derecho y al principio de legalidad", ha censurado.

Desde la Comunidad de Madrid, se oponen "frontalmente" a este proyecto de ley estatal y se enfrentarán a él en cuanto se publique "con todas las herramientas legales" a su alcance.

Viciana ha tildado de "muy curioso" que el Gobierno haya querido matizar el objetivo del decreto, al asegurar que lo que quieren es evitar que haya universidades con "escasa calidad".

"Trabajamos muy seriamente por garantizar esta calidad. Tenemos una agencia independiente de evaluación, que hace los informes que permiten la Constitución y el reconocimiento de las universidades privadas", ha subrayado.

Por otra parte, se ha preguntado por qué 4.500 alumnos determinan el límite entre la calidad y la falta de calidad de los nuevos centros, uno de los requisitos que se quiere impulsar con la nueva norma, a la vez que ha pedido a la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, poder ver ese estudio que asegura que han realizado para establecer estos nuevos criterios.