Consumo impone a Airbnb el bloqueo de 66.000 anuncios ilegales de pisos turísticos, con el respaldo del TSJM

A través de la Dirección General de Consumo, el Ministerio ha instado a la filial en Irlanda de esta multinacional a eliminar un total de 65.935 anuncios al considerarlos ilícitos por contravenir la normativa sobre la publicidad de este tipo de alojamientos turísticos.

En concreto, considera que se vulnera la normativa de las diferentes comunidades autónomas donde Consumo ha detectado estos anuncios. En todos los casos, además, se trata de viviendas completas de uso turístico, sin que aparezcan anuncios de habitaciones individuales.

En los últimos meses, el Ministerio ha remitido a Airbnb hasta tres resoluciones en las que se notificaron esos más de 65.000 anuncios ilegales de viviendas turísticas que se detectaron en su plataforma, resoluciones en las que se instaba a esta empresa a bloquear esta publicidad.

Airbnb recurrió esta acción ante los tribunales para evitar el bloqueo y, ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) se ha pronunciado sobre la primera resolución emitiendo un auto en el que avala las actuaciones de Consumo.

En respuesta a lo impuesto por el Ministerio en su primera resolución, el TSJM insta a Airbnb a retirar 5.800 anuncios de pisos turísticos de manera inmediata.

Por qué son ilegales los anuncios

Desde la Dirección General de Consumo se argumentan tres razones para justificar la ilegalidad de los 65.935 anuncios de pisos turísticos que se han detectado en Airbnb y que estarían incumpliendo diferentes normativas.

En primer lugar, los anuncios no incluyen el número de licencia o registro, algo obligatorio en varias normativas autonómicas, lo que supone la infracción más común en la publicidad que ha sido analizada.

Asimismo, los anuncios no indican la naturaleza jurídica de los arrendadores, de forma que se desconoce si los arrendadores son profesionales o particulares, una cuestión que resulta fundamental para saber si quien contrata está protegido como consumidor o no.

En tercer lugar, los anuncios incorporan números de licencia que no corresponden a los expedidos por las autoridades, práctica que "puede inducir a error o a engaño" a los consumidores.

Los anuncios sobre los que se ha pronunciado el TSJM en el auto afectan a la publicidad de viviendas turísticas que se encuentran en las comunidades de Andalucía, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y País Vasco.

En base a esta cuestión, el ministro Bustinduy ha manifestado públicamente su objetivo de colaborar con las administraciones públicas competentes "para acabar con el descontrol y la ilegalidad generalizada de alojamientos turísticos", así como para favorecer el acceso a la vivienda y blindar los derechos de los consumidores.

Por esta razón, Consumo está trabajando en diversas actuaciones complementarias a las que puedan desarrollar otras autoridades, explica el Ministerio, que ha señalado que está "redoblando su compromiso con esta causa" aportando la información que está recopilando la Unidad de Análisis de Consumo y ofreciendo asistencia técnica a otras administraciones, para que actúen en esta línea y pongan fin "a los miles de anuncios ilícitos detectados".

En este contexto, la Dirección General de Consumo abrió un expediente sancionador en diciembre de 2024 a una plataforma de alquiler de vivienda turística por un potencial incumplimiento de la normativa de Consumo sobre la publicidad del número de licencia.

Asimismo, en febrero de 2025 abrió expedientes sancionadores a grandes gestoras de pisos turísticos, por no indicar correctamente la naturaleza jurídica del arrendador.

Estos expedientes sancionadores siguen su curso, con independencia de las medidas ahora anunciadas. Además, el pasado 27 de marzo se abrió también un expediente sancionador a una gran inmobiliaria por prácticas abusivas contra inquilinos.

Bustinduy insta a que Madrid actúe

El ministro Bustinduy ha hecho un llamamiento al Ayuntamiento de Madrid para que actúe y cierre las 15.000 Viviendas de uso Turístico (VUT) detectadas por su Ministerio en la ciudad, que "incumplen la normativa municipal".

El ministro ha señalado que su cartera ha ofrecido al Consistorio madrileño herramientas para hacer frente a los pisos turísticos ilegales, "competencia del Ayuntamiento", en su empeño por actuar con "espíritu de lealtad institucional y de cooperación con las Administraciones".

"Cualquier administración que tenga voluntad política para actuar y poner orden en el descontrol de los pisos turísticos ilegales contará con la cooperación con las herramientas y los recursos del Ministerio de Consumo. Pero, no hay más excusas. Basta de proteger a quienes hacen negocio con el derecho a vivir", ha trasladado Bustinduy.

"Creo que es una clara victoria para quienes luchan para proteger el derecho a la vivienda y creo, también, que es la demostración de que cuando se actúa con voluntad política y con determinación para poner orden en materia de vivienda, los resultados avalan estas actuaciones", ha resaltado el titular de Consumo.

Almeida, a favor de acabar con la oferta Ilegal

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha instado al ministro a llevar a cabo el bloqueo de los casi 66.000 anuncios de viviendas de uso turístico (VUT), como partidario que es de "estrangular la oferta ilegal desde las plataformas".

A dos días del Pleno extraordinario en el que se aprobará el Plan Reside, que busca poner coto a las VUT ilegales, Almeida ha calificado de "buena noticia" la decisión del TSJM y ha afirmado que "lo que hay que hacer es llevarla a cabo".

"Siempre he defendido que había que estrangular la oferta ilegal desde las plataformas que comercializaban este tipo de productos y que eso era clave para abordar el fenómeno de la vivienda de uso turístico", ha remarcado.

A lo que ha sumado que siempre ha manifestado que "los ayuntamientos son el último eslabón de la cadena", a quien se le complicaba actuar con su responsabilidad si antes no había "un paso previo por parte del Gobierno de España con las plataformas de comercialización".

Maestre celebra bloqueo

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha celebrado que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 haya impuesto a la compañía Airbnb el bloqueo de casi 66.000 anuncios ilegales de viviendas de uso turístico (VUT) y ha asegurado que el ministro, Pablo Bustinduy, "ha hecho más por la vivienda en Madrid que la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde, José Luis Martínez-Almeida".

"El ministro ha hecho más por la vivienda en Madrid en menos de dos años de mandato que Ayuso y Almeida en cinco años de gobierno, teniendo ellos las competencias principales en la vivienda", ha señalado.

La líder de la oposición en el Consistorio ha asegurado que en Madrid "hay barra libre" y ha lanzado que el PP "alienta que los fondos buitres, los especuladores y cualquiera sin escrúpulos se llenen las manos y los bolsillos de dinero, mientras decenas de miles de familias son expulsadas de sus casas".

"Lo que queremos es que el Ayuntamiento de Madrid actúe, que la Comunidad de Madrid actúe y que demuestren que trabajan por el bien común y por la mayoría y no por los intereses de una pandilla pequeña de especuladores", ha reclamado.

PP-M celebra el aval del TSJM a Consumo

El PP de Madrid ha celebrado el aval del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) a las actuaciones del Ministerio de Consumo contra los anuncios de viviendas de uso turístico (VUT) ilegales.

"Respetamos, en primer lugar, y nos felicitamos de cualquier fallo judicial y más si tiene que ver con algo que nosotros llevamos tiempo reclamando", ha planteado el diputado 'popular' Rafael Núñez en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid.

Núñez ha ejemplificado esta posición del PP en la figura del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y su voluntad de regular el sector incidiendo en que "había que limitar la publicación –siempre que fuera ilegal o irregular– de los pisos de uso turístico que no cumplieran con la normativa".

La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha loado el trabajo del ministro –perteneciente a Sumar–, que está "haciendo todo el trabajo que otros o no quieren o no se atreven a hacer", que es "poner orden en el negocio ilegal de los pisos turísticos".

"Los ayuntamientos y las comunidades autónomas tienen que cooperar para poner coto a este negocio que sube los precios de la vivienda y se lleva por delante la vida de nuestros barrios, como estamos viendo en todos los distritos de la capital y que ya ha ido más allá de la M-30", ha lanzado Bergerot, quien ha recordado su iniciativa para que se obligue a incluir en los anuncios el número de licencia de los pisos turísticos.

Su homóloga de PSOE, Mar Espinar, ha cargado contra Almeida por "no estar sancionando a los pisos turísticos ilegales", ya que "tiene una gran cantidad de ellos" en la capital. Cree que esto es "el 'modus operandi' del PP" en la región.

Ante ello, Espinar ha puesto en valor la Ley de Vivienda nacional, que considera clave para poder atajar el "problema" habitacional en la autonomía. Es por ello que ha reprochado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que se niegue a aplicarla, a pesar de que "beneficiaría a más de un millón de madrileños" y a que "allí donde se está aplicando se demuestra que funciona".